Plantón del PP a la quita del Gobierno con la mira en la vía judicial

Fracasa el primer intento del Gobierno de dividir a las comunidades del PP con el perdón de la deuda autonómica. Génova consiguió ayer mantener las filas prietas de todos sus barones ante la «trampa» y los chantajes del Ejecutivo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Las comunidades populares justificaron su plante en que quieren ser el muro de contención ante la política de cesiones del Gobierno al mundo independentista. Los 14 consejeros autonómicos del PP defendieron que la propuesta del Gobierno de condonar más de 83.000 millones de euros de deuda a todas las comunidades es un «teatrillo» con el que se busca «utilizar» a los territorios para mantener a Sánchez en el poder. «Es un plato cocinado» advierten desde una de las comunidades

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Los consejeros territoriales se levantaron de la mesa a la media hora de que comenzara la cita y después de leer un manifiesto en el que exigían al Gobierno abordar la reforma del sistema de financiación de inmediato. Hasta entonces, el PP no volverá a hablar de la deuda. Ante la acción del PP, la vicepresidenta María Jesús Montero preguntó a los populares si no iban «a quedarse a escuchar la propuesta», a lo que el PP se negó en bloque, según fuentes presentes. Después, en público, la vicepresidenta acusó al PP de actuar como «cobardes» y de cometer una «gravísima dejación de funciones». «Nunca antes los gobiernos autonómicos habían renunciado a defender a sus territorios. Ha sido un esperpento», se despachó.

Un movimiento que ya venía consensuado del día anterior y que contaba con el visto bueno de Génova. «Hacemos de tontos útiles. No podemos seguir así ante la dinámica del Gobierno de traer acuerdos cerrados con los independentistas para que luego nosotros digamos que sí, como si fuesen lentejas», fue la queja de algunos de los consejeros.

La tesis del Gobierno es la de que las comunidades se levantaron sin votar porque les da «vergüenza decirle a Feijóo o a sus territorios que la van a apoyar». Montero decidió continuar con la reunión, a pesar de ningunear al 80% de los gobiernos autonómicos para lograr su objetivo de aprobar «su» condonación de deuda. Una medalla de la que también candidata andaluza presumió, a pesar de contar solo con el aval de Cataluña, Castilla-La Mancha y Asturias. La propuesta salió adelante porque es un órgano en el que el Gobierno tiene el 50% de los votos.

Madrid, Galicia y Andalucía fueron las comunidades que secundaron desde el primer minuto el gesto de rechazo al Gobierno. Quedó claro, ante los medios, que era la Comunidad de Madrid quien lideraba la rebelión, aunque otros territorios insisten en que fue una acción conjunta. La consejera de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, fue la más contundente en denunciar las cesiones del Ejecutivo a los independentistas. «Lo que necesitamos no es un modelo de condonación, lo que necesitamos es un nuevo sistema de financiación autonómica.No vamos a ser cómplices, no vamos a blanquear el acuerdo, ante tantas cesiones y tantos privilegios al independentismo. Estamos en contra de la quita», advirtió, para después dejar claro de que se trataba de un modelo «pactado y cerrado única y exclusivamente con los independentistas» y no con el conjunto de autonomías.

El consejero de Galicia, y vicepresidente del órgano de política fiscal, Miguel Corgos, aclaró que no seguirán «aceptando trágalas» a partir de ahora y que la posición es inamovible. En el documento entregado a la vicepresidenta, las comunidades expresan su oposición a que el órgano aborde la «mutualización de la deuda autonómica» porque, según consideran, esta decisión se plantea solo con el propósito de «sostener a una mayoría parlamentaria». Denuncian que el pacto con Cataluña es «arbitrario y discriminatorio».

Asimismo, advierten de que el órgano de Política Fiscal carece de las competencias para tratar este asunto, puesto que requiere una ley orgánica que debe ser aprobada en las Cortes Generales, tal y como está reflejado en el artículo 157 de la Constitución.

Es por eso, que algunas comunidades, como Madrid, ya han avisado de que estudiarán la propuesta y no descartan acciones ante la Justicia. «La batalla no ha hecho más que comenzar. El partido va a ser largo y habrá sorpresas», anticipan. Los consejeros exigieron a la vicepresidenta «volver a la senda de la lealtad institucional entre las administraciones del Estado», ampliar el montante económico total del sistema de financiación autonómico, así como solicitar la creación de un fondo transitorio para paliar la infrafinanciación que asfixia a algunas comunidades.