Constitucionalistas avalan ilegalizar a partidos como la CUP

Respaldan la iniciativa de Casado para prohibir a las formaciones que alientan la violencia.

Casado en la visita a las instalaciones del «South Summit. Innovation is business». Foto: Javier Fdez.-Largo
Casado en la visita a las instalaciones del «South Summit. Innovation is business». Foto: Javier Fdez.-Largo

Respaldan la iniciativa de Casado para prohibir a las formaciones que alientan la violencia.

El presidente del PP, Pablo Casado, no escatimó ayer en críticas hacia el Gobierno respecto a la política que aplica en Cataluña, y acusó directamente a Pedro Sánchez de «arrodillarse» ante el presidente de la Generalitat, Quim Torra. En declaraciones a los medios de comunicación después de visitar las instalaciones del «South Summit. Innovation is business», celebrado en Madrid, Casado solicitó al Ejecutivo que considere la serie de medidas legislativas propuestas por el PP para intentar poner coto a la ofensiva secesionista catalana. Con las acciones violentas cometidas en Barcelona durante el aniversario del pasado 1 de octubre como telón de fondo, el aspirante del PP a La Moncloa propone, entre otras cuestiones, recurrir a la Ley de Partidos Políticos para ver si, en caso de que un partido incite o no condene la violencia, se pueda plantear su ilegalización. Sería el caso de fuerzas políticas como el PDeCAT, ERC o la CUP, a las que Casado propone estudiar si sería viable aplicar dicha Ley Orgánica 6/2002 de Partidos Políticos, mediante la que se ilegalizó en su día a Batasuna. «Un partido será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos», recoge la normativa. Según su artículo 9, se vulneran «sistemáticamente» las libertades y derechos fundamentales si, «de forma reiterada y grave», se justifican atentados y se da apoyo expreso al terrorismo. Como es lógico, en el caso de los partidos soberanistas no se trata de este caso, pero la ley también abarca ilegalizar un partido en caso de que este «fomente, propicie o legitime» la violencia, así como «promueva, dé cobertura o participe en homenajes» para ensalzar a los que cometan acciones violentas. Según la normativa, la declaración de ilegalidad de un partido puede instarla al Tribunal Supremo tanto el Congreso de los Diputados, como el Senado y el Ministerio Fiscal. Este periódico se ha puesto en contacto con expertos constitucionalistas, que avalan la viabilidad de la propuesta de Casado, aunque algunos se cuestionan si está justificado políticamente por el alcance de los hechos. «Yo creo que se puede aplicar sin duda, pero hace falta voluntad política», afirma Javier Rodríguez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense. «Sirve para poner a estos partidos en la picota, y además activar instrumentos para que los derechos de todos se vean respetados, por ejemplo los de los que no quieren que se corten sus carreteras», asegura. Rodríguez considera que el «pistoletazo de salida» para iniciar el proceso jurídico sólo podría darlo el Senado, con mayoría del PP, ya que le parece «misión imposible» plantear que vayan a tomar la iniciativa el Congreso o el Gobierno de Sánchez. Ibor Fernández, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Cardenal Cisneros, corrobora a su «colega» de profesión. «Es defender los intereses del Estado mediante los medios de los que disponemos, Casado está haciendo lo que tiene que hacer». Fernández diferencia entre dos conceptos: «Una cosa es la libertad de ideología política, un partido puede ser independentista si quiere, y otra es la incitación a la violencia y alentar a radicales, como sucedió el otro día».

Quedarán registradas en las efemérides de la historia las palabras del presidente de la Generalitat, Quim Torra, dirigidas a los CDR: «Apretad, hacéis bien en apretar». Sin embargo, Raúl Canosa, también profesor de Derecho Constitucional en la UCM, es más escéptico con la oportunidad de aplicar la Ley de Partidos. «Batasuna mataba a los opositores. La situación que se vive en Cataluña es muy grave y delicada, pero hasta la fecha sólo se ha aplicado esta ley a casos de terrorismo. Es cierto que contempla una referencia genérica a la violencia, pero sería poner a los jueces en la tesitura de decidir sobre la desaparición de un partido, y esto puede tener un coste», considera.