De Diego sí avaló la declaración por videoconferencia de un acusado de las «herrikos»

El juez discrepante reprocha a su compañero que entonces no pusiera «ninguna objeción».

El magistrado Julio de Diego –que ayer respaldó junto a su compañero José Ricardo de Prada que Mariano Rajoy no declare por videoconferencia en el juicio del «caso Gürtel»– sí avaló en 2013 que uno de los 34 acusados de financiar a ETA a través de las «herriko tabernas» prestase declaración en la vista oral a través de este medio. Así se lo recuerda el presidente del tribunal, Ángel Hurtado, en el voto particular en el que discrepa de la decisión de los otros dos integrantes de la Sala.

Hurtado recuerda que De Diego formó parte junto con él y con la magistrada Clara Bayarri del tribunal que juzgó el «caso herriko tabernas» –un juicio que se prolongó de octubre de 2013 a marzo de 2014–, «en el cual se autorizó la declaración por videoconferencia de uno de los acusados». «Quien emite este voto particular y uno de los magistrados que ahora componen este tribunal –dice en referencia a De Diego sin nombrarlo– también formó parte de aquél». Y pese a que el interrogatorio de un procesado por videoconferencia sí resulta excepcional, recuerda, «quien ahora se opone a que se utilice este sistema para un testigo ninguna objeción puso entonces a que se practicase, de tal manera, la declaración de un acusado».

En ese caso, el juicio se celebró en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) y todos los acusados residían en el País Vasco.

No fue el único que fue interrogado por esta vía en ese juicio. El ex senador y abogado Miguel Castells también prestó declaración, en su caso como testigo y a propuesta de la defensa, el 21 de noviembre de 2013.

Los tres miembros del tribunal ya dejaron al descubierto sus discrepancias cuando se acordó la citación de Rajoy como testigo el pasado abril, en contra de la opinión de la Fiscalía Anticorrupción (para quien la existencia de una «caja B» en el PP está acreditada sin necesidad de que el presidente del Gobierno preste sea interrogado al respecto) y de la Abogacía del Estado y también con la oposición de Hurtado. Ahora, esas diferencias entre la Sala han vuelto a airearse a cuenta de la pertinencia o no de la videoconferencia.