Denuncian represalias a inspectores que alertaron de la ilegalidad del 9-N

Avisaron a directores de colegios de que no podían ceder sus centros para la votación.

Los dos inspectores de la Consejería de Educación de la Generalitat que alertaron a varios directores de instituto de que era ilegal ceder sus instalaciones para la consulta soberanista del 9-N han podido sufrir represalias por su actuación en defensa de la legalidad. Eso es precisamente lo que argumenta Manos Limpias, que ejerce la acción popular en la causa abierta contra Artur Mas por desobediencia, en un escrito en el que reclama a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que adopte «cuantas diligencias sean oportunas para asegurar» a los dos inspectores, Jesús Rul y Rafael Alsina, «las medidas policiales de protección y seguridad oportunas».

Rul y Alsina declararon el pasado día 13 ante el magistrado Josep Manuel Abril, instructor de la causa contra Mas, la ex vicepresidenta de la Generalitat Joana Ortega y la consejera de Educación Irene Rigau por desobedecer al Tribunal Constitucional y seguir adelante con la consulta soberanista. En esa comparecencia, según fuentes jurídicas, los dos funcionarios defendieron que actuaron en defensa de la legalidad vigente y que realizaron un informe jurídico advirtiendo a los directores de los institutos de que «estaban cometiendo una ilegalidad al ceder los centros» para la votación del 9-N. Asimismo, afirmaron conocer «de primera mano» que los directores de los centros que se mostraron reacios «recibieron presiones» de compañeros y, también, de la propia Consejería de Educación. Algunos directores que se negaron a convertir sus institutos en pseudocolegios electorales el 9-N, añaden esas mismas fuentes, «se encontraron con cartas anónimas llamándoles fachas y españolistas».

El pasado jueves, el instructor acordó llamar a declarar al superior de ambos funcionarios, el inspector en cap Francesc Güell.

Los inspectores de Educación se refirieron también en sus declaraciones a las dos reuniones mantenidas en octubre del pasado año por la directora de los servicios territoriales de la Consejería de Educación, Montserrat Llobet, con directores de centros docentes. Según explicó Llobet al instructor, se limitó a «informarlos» del papel de los centros en la consulta soberanista, aunque los dos inspectores contaron al juez, según las fuentes consultadas, que se sintieron «presionados» y «amenazados» por los responsables del departamento de Educación de la Generalitat para que cedieran sus centros para la consulta ilegal.

Incluso explicaron al magistrado que se articuló un modus operandi para que los directores no incurrieran en responsabilidades penales. «Se trataba de entregar las llaves de los centros a la consejería para que fuese ésta la que se encargase de entregarlas a las entidades civiles que asumieron la organización del 9-N tras la resolución del Tribunal Constitucional», aseguran.

Tanto Alsina como Rul advirtieron por carta a los directores de que si cedían los centros los responsables serían ellos y los instaron a reclamar la orden por escrito.