El pasado miércoles los ciudadanos pudimos presenciar una bochornosa sesión en el Congreso de los Diputados en la que, acertadamente, la oposición plantó cara a las vergüenzas del Gobierno, que indudablemente claman al cielo, destacando la intervención del Sr. Feijóo, contundente y llena de verdades. Lo cierto es que nos encontramos ante un Gobierno que, en condiciones democráticas racionales, estaría dando sus últimos suspiros, pero que, sin embargo, en el marco de la resistencia que propugna nuestro presidente en su famoso manual, se afana por levantarse una y otra vez sobre su vergüenza, su propio barro, hasta cotas insospechadas.

El resultado: condescendencia de los socios de gobierno a cambio de mantener las concesiones al independentismo que se traducen en millones de euros para financiar el descalabro catalán, en contra del interés general, la equidad y solidaridad entre Comunidades Autónomas. Sin duda, la antípoda teórica del socialismo, pero la tónica del Partido Socialista, que hace gala continua de la incongruencia hecha regla de actuación.

Entre las manifestaciones que se produjeron en sede parlamentaria, me interesa arrojar luz respecto de las vertidas por el Sr. Rufián, cuyas dotes de orador, manejando con cierta sorna la escena, son innegables. No obstante, respecto de sus ideas, generalmente no puedo sino disentir, cuestión que entra dentro del juego democrático y, por otro lado, respecto de sus métodos oratorios, en fin, la sede parlamentaria considero que requiere un debate más serio del que plantea. En concreto, nos centraremos en la soflama contra el líder del PP en la que le instó a aclarar si, cuando llegara al poder, iba a derogar la Ley de amnistía o, si por el contrario, se iba a beneficiar de sus consecuencias futuras (algunos tienen una capacidad extraordinaria de ver beneficios en la miseria). Esta manifestación, que pretende poner contra las cuerdas a su adversario, sin embargo, parte de un error jurídico esencial y es que, irremediablemente, una eventual derogación de la Ley carece de efectos materiales respecto de las personas afectadas por la misma.

Quizá el Sr. Rufián pensaba en otro tipo de regímenes que no pueden ser calificados como un Estado de Derecho. Totalitarismos en los que el poder político puede adoptar decisiones arbitrarias sobre la responsabilidad penal de los ciudadanos, al margen del imprescindible respecto del principio de seguridad jurídica, irretroactividad de disposiciones sancionadoras y aplicación de la norma más favorable para el reo. A la izquierda se le llena la boca de calificar de nazi o facha a todo aquel que no piensa igual, sin atisbar que la intolerancia, el nacionalismo y ausencia de solidaridad precisamente son características naturales del totalitarismo.

Lo cierto es que, con la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, el daño producido por la Ley de amnistía ya está hecho y es irreparable, con la única salvedad de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tenga algo que decir al respecto de su encaje en el Derecho de la Unión Europea. Este es un escenario que muchos deseamos que se produzca, con cierta esperanza, además, después de la posición mostrada por la Comisión Europea al calificar la Ley como una autoamnistía, en la tesis defendida reiteradamente por mi colega y amigo el profesor Agustín Ruiz Robledo: una amnistía que tiene un beneficio directo en quien la impulsa, desde un punto de vista finalista, a cambio de unos votos para gobernar. Es tan nítida esta premisa que quien la niegue o carece de raciocinio o se hace trampas al solitario.

Esto es así porque, en todo caso, debe primar la aplicación de la disposición sancionadora más beneficiosa para el reo. En este contexto, si la amnistía no es nula, todos aquellos sujetos que hubiesen cometido un delito que en algún momento desde su comisión haya tenido un reproche menor –como consecuencia de la amnistía un reproche inexistente–, es ese marco sancionador más beneficioso el que debe aplicarse. Por consiguiente, derogar la Ley de amnistía bajo ningún concepto podría tener consecuencias sobre los afectados, dado que, por seguridad jurídica, el poder político no puede empeorar bajo ningún concepto el ámbito punitivo de un sujeto. En un Estado de Derecho tal cosa es simple y llanamente impensable.

Por consiguiente, ese ataque del Sr. Rufián, en el que pretendía ensalzar bondades inexistentes de la Ley de amnistía, carece de toda virtualidad desde una perspectiva jurídica o constitucional. No se va a derogar porque hacerlo no tendría efecto alguno sobre los afectados. Por tanto, agotada de forma infame la vía constitucional, sólo nos queda la protección de la democracia por parte de las instituciones de la Unión Europea. Por todo lo demás, aquellos que han favorecido por activa o por pasiva esta debacle constitucional tendrán que afrontar la impronta que dejarán sobre la historia de nuestra querida Nación que, inexorablemente, pone a cada uno en su lugar. En este mismo sentido, me gustaría cerrar con un extraordinario extracto de la carta remitida el pasado 16 de junio por el magistrado D. Enrique Arnaldo al presidente del Tribunal Constitucional: «Todos escribimos nuestra historia como hombres libres que somos, y lo hacemos del modo en que creemos con sujeción a los valores que nos definen».

Ibor Fernandes Romero es profesor de Derecho Constitucional del CES Cardenal Cisneros