«Desfranquización» exprés

Acorralado por las críticas a sus concesiones al independentismo, el Gobierno vuelve a la estrategia de desviar la atención y ultima la orden del Consejo de Ministros para exhumar los restos de Franco del Valle.

Justicia instó ayer a 656 ayuntamientos de toda España a retirar toda traza visible en nuestras calles de que en España existió una vez algo llamado «franquismo». Acuciado por las críticas a su decisión de aceptar un «relator» en el proceso de diálogo con los independentistas, el Gobierno de Sánchez se lanza a una insólita cruzada por la «desfranquización» de la nación cuando tareas cruciales para la marcha del país –la aprobación de los Presupuestos, por ejemplo– siguen estancadas.

En un comunicado del departamento dirigido por Dolores Delgado se especificó que la petición para retirar símbolos emanaba de la Dirección General de la Memoria Histórica y que también se había cursado a los ejecutivos autonómicos para que velaran por que esta directriz de depuración histórica –digna de regímenes más soviéticos que democráticos– se lleve a feliz cumplimiento.

Es la Ley de Memoria Histórica de 2007, hija del impulso político del entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero, la que proporciona base legislativa para el requerimento del Gobierno socialista a todas estas 656 entidades municipales. Pero la causa inmediata de esta súbita fiebre para «desfranquizar» España –a casi 44 años de la muerte del general Franco– bien podría buscarse en los 21 puntos que el Ejecutivo catalán de Torra puso encima de la mesa a modo de guión para el proceso de negociación con el Gobierno de Sánchez. Entre esos 21 puntos nada menos que cinco hacen referencia expresa al franquismo: se pide un reconocimiento explícito de algo denominado «cultura franquista» que pervive en nuestro país, se solicita denunciar los privilegios derivados del franquismo, declarar la nulidad de los juicios franquistas y, literalmente, «hacer efectiva una política de fosas comunes», punto este de equívoca interpretación.

Como ya se apuntó, el requerimiento de Justicia a las administraciones locales coincide con un oleada de críticas generalizadas contra la concesión realizada por el Gobierno referente a la presencia en el proceso de negociación de un «relator», figura que había sido exigida por los independentistas. En este mismo contexto se espera de un momento a otro que el Consejo de Ministros decrete la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos, una maniobra que encaja a la perfección con la estrategia de «cortina de humo» desplegada por Moncloa en anteriores ocasiones: cuando las críticas arrecian nada mejor que agitar el fantasma del general Franco.

Sea como fuere, la solicitud de Justicia afecta a la lista realizada por el Instituto Nacional de Estadística de 1.171 plazas y calles dedicadas a destacadas figuras del régimen franquista, a hitos y victorias del bando nacional –como, por ejemplo, el Alcazar de Toledo– o a víctimas de la persecución religiosa contra la Iglesia desatada en la España republicana, punto este que contradice la pretendida intención de que no se repitan los errores del pasado. Concretamente se pide «elaborar un catálogo de vestigios con inmediata retirada de los escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas». Aunque pocas dudas pueden quedar de la motivación de fondo de la medida lanzada por el Gobierno de Pedro Sánchez, lo cierto es que la retórica empleada por el Ministerio de Justicia asegura que el objetivo es dar cumplimiento al «espíritu de reconciliación y concordia que permitió la Constitución». En el comunicado de Justicia se informa también de que la Dirección General de Memoria Histórica ha exigido a través de una misiva a los ayuntamientos que «certifiquen la no existencia de simbología de exaltación en su municipio».

La carta enviada por Fernando Martínez López, director general de Memoria Histórica, a los 656 municipios recuerda asimismo que la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo del 7 de junio de 2013 estableció que «el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica impone a todas las Administraciones Públicas a adoptar las medidas oportunas para que se proceda a la retirada de aquellos monumentos conmemorativos que supongan una exaltación de la Guerra Civil».

Esta misma sentencia rechazó un recurso interpuesto contra la retirada de la estatua ecuestre del dictador Franco de la madrileña plaza de San Juan de la Cruz. No se trata solo de un aviso protocolario para que se cumpla a nivel municipal una directriz emanada de Moncloa: existe la mención expresa a la posibilidad de que la Administración estatal retire cualquier subvención o ayuda pública en el caso de que no se proceda a la retirada de placas y escudos.