¿Dimisión masiva en el CGPJ?

El fallido proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial ha dado lugar a un aluvión de críticas dirigidas contra los partidos implicados en el proceso de renovación. Junto con las críticas, han llegado también las propuestas de solución. Algunas, como la elección directa de los vocales judiciales por parte de los jueces, ya han sido descartadas por el propio parlamento. Otras propuestas, que han tenido incluso su eco en los medios de comunicación, son mucho más ocurrentes y merecen un momento de reflexión, siquiera sea para concluir que aún es posible hacerlo peor de lo que se ha hecho hasta ahora. En concreto, me refiero a una propuesta que pasa por pretender que la solución a una posible falta de voluntad negociadora por parte de los actores políticos consistiría en que los miembros del Consejo presentemos de manera colectiva nuestra renuncia para forzar a los grupos parlamentarios, cuando menos a los mayoritarios, a llegar a un acuerdo. Esa propuesta se sitúa en línea con lo que en una entrevista planteó una (sola) vocal del Consejo que, por cierto, ni presentó entonces su renuncia ni lo ha hecho hasta ahora. Se añade, según los defensores de esa propuesta, que con ello se evita la parálisis institucional en la que se sumaría el Consejo si la renovación se demora.

Compartiendo las críticas que merecen los partidos políticos implicados en el proceso de renovación por el dislate que llevó a su fracaso, la propuesta que pretende una renuncia colectiva de los miembros del Consejo me parece más criticable aún, porque se está proponiendo un dislate mucho mayor.

Primero, porque parte de un presupuesto erróneo: la supuesta paralización del Consejo durante el período de renovación, algo que no guarda relación alguna con las previsiones de la Ley, que mantienen al actual Consejo en la integridad de sus funciones. Segundo, porque está por ver que la renuncia fuerce a la negociación si los obligados no quieren negociar, de manera que lo único que se conseguiría sería descabezar el gobierno del poder judicial o, dicho más llanamente, generar un conflicto institucional. Y en tercer lugar, y sobre todo, porque lo que se está pidiendo a los miembros del Consejo es que se comporten como unos antisistema irresponsables y que pasen a ser actores de un juego político del que no les corresponde ser protagonistas ni menos aún influir en su resultado.

Hablo por mí mismo, pero estoy seguro que en esa opinión coinciden todos mis compañeros en el Consejo, cuando afirmo que la única razón por la que me incorporé al Consejo fue por vocación de servicio a mí país. Entiendo que lo mejor para la institución es que su renovación se produzca en plazo y espero y deseo que tenga lugar cuanto antes. Incluso puedo afirmar con rotunda sinceridad que hasta personalmente es lo que más me conviene para poder retomar con normalidad mi actividad profesional habitual. Sin embargo, nada de eso me lleva a aceptar que lo mejor sea tensionar el poder judicial de una manera intolerable en un momento que tiene que afrontar retos históricos ni coaccionar a los partidos para que lleguen a un acuerdo: estoy convencido que no es la coacción la forma de promover el diálogo político.

También estoy convencido de que es irresponsable promover la irresponsabilidad de los que sirven a su país desde los poderes públicos ni proponerles que se conviertan el protagonistas de conflictos institucionales.