«Más vale honra sin Presupuestos que Presupuestos sin honra y con Vox». Esta frase de la portavoz del PSOE, Esther Peña, desde la sala de prensa de Ferraz formulada como una crítica contra el PP de Carlos Mazón, por haber asumido el discurso de la ultraderecha –contra el «dogmatismo climático» y la acogida de menores migrantes– en el pacto presupuestario en la Comunidad Valenciana, ha acabado volviéndose contra los socialistas como un bumerán.

Cabe preguntarse qué «honra» perdería el Gobierno al negociar unas nuevas cuentas públicas y si esta asunción pública es un reconocimiento implícito de las cesiones contra natura con las que transigen habitualmente para garantizarse el apoyo de sus socios de investidura. La prórroga es ya un hecho. Lo es desde el primer día del mes de enero y en Moncloa comienzan ya a verbalizar sin tapujos que no van a trabajar para que deje de serlo.

El presidente del Gobierno y sus ministros buscan desde hace semanas instalar en la opinión pública que no habrá Presupuestos para el presente ejercicio. Lo hizo Sánchez, poniendo el horizonte en los de 2026 en un inciso de intervención a cuenta del gasto en Defensa en el Parlamento; lo hizo la portavoz gubernamental, Pilar Alegría, con el desacierto de considerar una «pérdida de tiempo» llevar el proyecto sin apoyos al Congreso, y volvió a incidir Peña al apuntar que «lo más responsable es llevarlos cuando se haya alcanzado un acuerdo».

No habrá cuentas para 2025 y, ante esta realidad, en el PSOE ven una oportunidad para recuperar el rumbo. Soltar la mano de Carles Puigdemont, marcar distancias con el independentismo catalán y trazar un camino propio que deje de comprometer el «crédito político y los valores socialistas». Varios dirigentes consultados consideran que la prórroga se presenta como la coartada perfecta para acabar con la dependencia de Junts. Entienden que ya no hay contrapartidas que pagar por su apoyo, si no garantizan la viabilidad de la legislatura con unos nuevos presupuestos.

«Es hora de que el PSOE rompa claramente con Puigdemont, porque nos puede llevar a la ruina como proyecto y como partido», reclama vehemente un importante dirigente territorial. En varios sectores del partido causó gran conmoción los términos en los que se pactó el acuerdo para delegar las competencias en inmigración, asumiendo el marco «xenófobo» de un partido como Junts, mientras se ataca a Carlos Mazón por sus acuerdos con Vox en la Comunidad Valenciana. «Perdemos la legitimidad para denunciar los acuerdos con la ultraderecha si también pactamos con ella, con la peor», dicen.

En el partido ven con preocupación como Puigdemont impone su criterio al partido, también en lo relativo a la reorganización territorial de los menores migrantes, un acuerdo que se rubricó con Junts solo horas después de que se hubiera reunido la conferencia sectorial del ramo sin hacer ninguna alusión al mismo. Consideran que si Puigdemont no va a garantizar la gobernabilidad no tiene sentido seguir proyectando una imagen de «humillación» constante y de «traición» a los valores socialistas.

El planteamiento de estos dirigentes es casi un ruego y lo hacen con la resignación de que no tendrá ningún efecto si Sánchez sigue considerando que le es útil para seguir en el poder. Pero advierten de que, si no se comienza a plantear una estrategia de distanciamiento con el independentismo, con el suficiente margen temporal para que resulte creíble, será muy difícil encarar los procesos electorales que comenzarán a desarrollarse en cascada a partir de 2026.

En varios territorios preocupa cómo los acuerdos y el impacto de la política nacional lastran sus expectativas autonómicas. La primera parada, si no hay sorpresas, será Andalucía. Una tierra especialmente sensible a las concesiones a Cataluña, con lo relativo a la quita, la financiación singular y también con la acogida de menores diseñada a conveniencia de Junts, en la que serían la segunda comunidad que más migrantes debería absorber (795).

No es una excepción, aunque Sánchez se afane en pedir a los territorios que defiendan la gestión del Gobierno como un valor, en las autonomías reniegan de esta petición y creen que es una rémora que compromete su credibilidad, perjudicándoles. Sin embargo, en la hoja de ruta de Moncloa no está renunciar a seguir apoyándose en Junts.

La mayoría es precaria y, aunque Sánchez ha dado orden a sus ministros de llevar al Congreso lo estrictamente necesario, para evitar la imagen de debilidad que se visualiza en cada votación, hay cuestiones que todavía siguen pendientes y dependen de los votos de Puigdemont, como la reducción de la jornada laboral que Yolanda Díaz necesita para seguir respirando (políticamente).