EE UU pide extraditar a España a un exmilitar salvadoreño acusado de matar a cinco jesuitas

Fotografía del 16/11/1989, de los cuerpos de varios de los seis sacerdotes asesinados y de dos mujeres en el exterior de la residencia de los jesuitas, en San Salvador.
Fotografía del 16/11/1989, de los cuerpos de varios de los seis sacerdotes asesinados y de dos mujeres en el exterior de la residencia de los jesuitas, en San Salvador.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó hoy a un Tribunal de Carolina del Norte que apruebe la detención y extradición a España a un excoronel del ejército salvadoreño acusado de asesinar a cinco sacerdotes jesuitas españoles en El Salvador en 1989.

El Gobierno de Estados Unidos pidió hoy a un tribunal de Carolina del Norte que apruebe la extradición a España del excoronel y exviceministro de Seguridad salvadoreño Inocente Montano, acusado por el asesinato de cinco sacerdotes jesuitas españoles en El Salvador en 1989.

Desde octubre de 2013, Montano, de 72 años, cumple una condena de 21 meses de prisión en una cárcel de Carolina del Norte por haber mentido sobre su estatus migratorio para no regresar a El Salvador y evitar ser juzgado por la muerte de los jesuitas, entre ellos Ignacio Ellacuría, conocido por su defensa de los derechos humanos.

Cuando Montano estaba próximo a cumplir la condena, el Departamento de Justicia decidió responder así a la solicitud de extradición que, en 2011, cursó el juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco para que sean extraditados a España 20 militares salvadoreños implicados en la matanza de los jesuitas durante la guerra civil de El Salvador (1980-1992).

En la petición, a la que tuvo acceso Efe, la Justicia estadounidense consideró que Montano debe ser juzgado por el asesinato, en la madrugada del 16 de noviembre de 1989, de seis sacerdotes jesuitas -cinco de ellos españoles- además de la cocinera Elba Julia Ramos y su hija Celina, de 16 años, ambas salvadoreñas.

"El día antes de los asesinatos, Montano participó en una serie de reuniones y, en la última de ellas, uno de los oficiales, en presencia de Montano, dio la orden de matar al padre Ignacio Ellacuría y no dejar testigos", recoge el relato de los hechos.

Como viceministro de Defensa Nacional, Montano tenía a su cargo una radio estatal desde la que, días antes del crimen, "se emitieron amenazas sobre el asesinato del padre Ellacuría y sus compañeros sacerdotes", dice el escrito del Departamento de Justicia.

El Ejército salvadoreño cometió los asesinatos en la Universidad Centroamericana (UCA), de la que Ellacuría era rector.

Los jesuitas asesinados fueron, además de Ellacuría, los también españoles Segundo Montes, Armando López, Ignacio Martín Baró y Juan Ramón Moreno, así como el salvadoreño Joaquín López.

"Este es un paso enorme hacia la justicia y la responsabilidad penal individual", subrayó en declaraciones a Efe la abogada Almudena Bernabéu, que representa en el caso de los sacerdotes asesinados al Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA, en inglés).

Esta institución para la defensa de los derechos humanos, basada en San Francisco, impulsó la apertura del proceso, cuando en 2008 interpuso ante la Audiencia Nacional una querella conjunta con la Asociación Pro Derechos Humanos de España.

Bernabéu aplaudió la decisión del Gobierno estadounidense de pedir la extradición de "una de las mentes que orquestó la matanza"para que sea juzgado en España y pueda ponerse fin a la impunidad que ha rodeado este crimen desde hace 25 años.

El Salvador celebró un juicio contra los militares, pero el magistrado español encargado del caso lo consideró un fraude de ley, aseguró que los hechos no habían sido correctamente investigados y, por ello, reclamó la extradición de los militares.

Montano permanecerá en custodia hasta que el tribunal del distrito Este de Carolina del Norte decida sobre su entrega a España.

El acusado podría enfrentarse en España a una pena de cárcel de 30 años por los delitos de asesinato, terrorismo y crimen contra la humanidad de los que Velasco le acusó cuando cursó la orden de extradición, a la que tuvo acceso Efe.

La decisión de la Justicia estadounidense se produce justo cuando el Tribunal Supremo de España evalúa si es competente para juzgar los hechos y si debe o no archivar el caso vinculado a la llamada justicia universal, que fue limitada por una reforma legal en España en 2014.

Beatriz Pascual Macías/Efe