El «adiós» a Barcelona en pleno pulso al procés desalienta a los jueces

El cambio de sede se produce mientras aumenta la presión soberanista por la proximidad del juicio.

El traslado del acto de entrega de despachos de Barcelona, su tradicional sede en los últimos veinte años, a Madrid en un momento en el que el independentismo intenta socavar los cimientos del estado de derecho y cuestiona sin ambages la actuación judicial –una presión que ha tenido su máxima relevancia en el acoso al juez Pablo Llarena, instructor de la causa del «procés»– ha causado perplejidad y una cierta desazón en determinados sectores de la judicatura catalana.

Oficialmente, el acto que se celebra hoy, presidido por el Rey, en la sede la Real Academia Española (RAE) en la capital de España, ha cambiado la ciudad condal (donde está ubicada la Escuela Judicial) por Madrid por la conmemoración del 40 aniversario de la Constitución y el 25 aniversario de la ley que dejó en manos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la competencia en materia de selección y formación de jueces y magistrados (disociándola de la de los fiscales). Pero la proximidad del comienzo del juicio a los líderes del desafío soberanista en Cataluña (está previsto que comience a finales de mes o principios de febrero) y la experiencia del año pasado, cuando la entrega de despachos en Barcelona se desarrolló en el momento álgido de la respuesta judicial a los líderes independentistas y obligó a blindar policialmente el recinto para evitar incidentes, sobrevuela inevitablemente esa decisión, máxime cuando, como informó este periódico, tanto la mayoría de los vocales del CGPJ como la propia Casa Real se mostraron reacios a ese cambio de sede.

Fuentes jurídicas apuntan que la presión independentista «puede haber influido» pues, recalcan tras lo vivido el año pasado, «no es el ambiente más agradable». «En la vida había vivido una situación como esa –recuerdan–. Tuvimos que ser trasladados «encapsulados» en un autocar escoltado. Parecía Belfast». Y eso que, matiza, «no nos enfrentamos a una situación real de riesgo» porque la oposición del independentismo radical a ese acto «no tuvo nada que ver con lo vivido en Barcelona con la celebración del Consejo de Ministros».

El pasado año, el Rey hizo una defensa expresa de la independencia del poder judicial, zarandeado por el soberanismo catalán por la prisión provisional de los líderes del «procés» y la investigación por el delito de rebelión, y sirvió para que el juez Llarena –quien asistió como acompañante de su esposa, Gema Espinosa, entonces al frente de la Escuela Judicial y también blanco del acoso independentista– recibiese numerosas muestras de cariño y solidaridad por parte de compañeros y de integrantes de la nueva promoción de jueces.

Tanto el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña como la decana de los juzgados de Barcelona explicitaron su descontento con la decisión del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes. La Sala de Gobierno del TSJ catalán expresó en un comunicado su «profunda decepción» por el cambio de sede, una decisión que espera «transitoria». La decana de Barcelona, Mercè Caso, fue más allá y en una entrevista a Ep la calificó de «gran error». «Es muy desalentador para los que trabajamos aquí», se quejó.