Un «ataque planificado» a la independencia del juez Llarena

La vocal Concepción Sáez, que ha fichado el Ministerio de Justicia, vota en contra de la medida.

Un «ataque planificado a las condiciones de independencia en las que desarrolla su labor jurisdiccional» y una actuación urdida para «sin disimulo alguno, someter las actuaciones soberanas del Estado español a la jurisdicción de un Estado extranjero» y cuestionar «toda la instrucción» del «Procés» es lo que buscan el ex presidente catalán Carles Puigdemont y sus cuatro ex consejeros prófugos que se encuentran también procesados por el juez Llarena en ese procedimiento. Así lo ha entendido la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial al otorgar ayer el amparo al citado magistrado, tal como adelantó ayer LA RAZÓN. Este acuerdo –que no contó con el apoyo de la vocal Concepción Sáez, quien, precisamente, se incorporará próximamente como gerente de la Mutualidad General Judicial, dependiente del Ministerio de Justicia– ha sido puesto en conocimiento de los ministerios de Justicia y Asuntos Exteriores «para que adopten las medidas necesarias para asegurar la integridad e inmunidad de la jurisdicción española ante los tribunales del Reino de Bélgica».

Aquí se enmarcaría, como informó ayer este periódico, la actuación de la Abogacía del Estado, que depende funcionalmente del ministerio de Justicia, para que se pueda dirigir al embajador de Bélgica, a través de Asuntos Exteriores, para que contrate los servicios de un letrado en ese país para que actúe en la defensa procesal de Llarena, siempre bajo las directrices y supervisión de los Servicios Jurídicos del Estado.

En cuanto a la demanda interpuesta en Bélgica por Puigdemont y sus cuatro ex consejeros contra Llarena –quien ha sido citado por el juez belga el 4 de septiembre– el CGPJ no tiene dudas de que supone un «ataque planificado a las condiciones de independencia en las que desarrolla su labor jurisdiccional –el magistrado Pablo Llarena–, pretendiendo desacreditar la instrucción llevada a cabo en el legítimo ejercicio de su función jurisdiccional ante la opinión pública internacional a través de un cauce inidóneo para ello, con el único fin de condicionar y de influir en futuras resoluciones judiciales que puedan adoptarse» en la causa del «Procés» y en otros procedimientos similares que se sigan en España.