El CGPJ expulsa tres años al juez Vidal por elaborar una Constitución catalana

El CGPJ ha expulsado de la carrera durante tres años al juez de la Audiencia de Barcelona Santiago Vidal como responsable de la elaboración de una “Constitución” para una “hipotética república catalana” y su participación en actos soberanistas.

El Consejo General del Poder Judicial ha expulsado durante tres años de la carrera al juez de la Audiencia Provincial de Barcelona Santiago Vidal, como responsable de dos faltas disciplinarias graves, entre ellas, la elaboración de una “Constitución” para una “hipotética república catalana” y su participación en actos soberanistas.

De este modo, el órgano de gobierno de los jueces rechaza la propuesta de expulsión realizada el pasado día 5 por el promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo, Antonio Fonseca-Herrero.

Después de más de ocho horas de reunión, el Pleno del CGPJ decidió por doce votos frente a nueve la suspensión por tres años como consecuencia de la retirada de una de las acusaciones que el Promotor de la Acción Disciplinaria de este órgano realizó contra Vidal, la de realizar actividades incompatibles con el cargo de juez.

Así, se considera probado que el juez Vidal “ha participado activamente, y al margen de cualquier cobertura, en un grupo de trabajo de composición heterogénea tenía por objeto elaborar y redactar una ‘Constitución catalana’” y que además admitió de forma pública que su intención era ponerla a disposición o de que sirviera de modelo para quienes promovieran la celebración de una consulta por el llamado ‘derecho a decidir’ y la independencia de Cataluña.

Nada mas conocer la decisión, el magistrado ha anunciado que recurrirá su suspensión ante el Tribunal Supremo (TS) y que, mientras tanto, se dedicará a la “construcción política del nuevo país”, en referencia a Cataluña, por lo que planea presentarse a las próximas elecciones como independiente en una lista soberanista.

Fidelidad a la Constitución

En el expediente se recuerda que todos los jueces asumen en el juramento o promesa que prestan antes de tomar posesión de su primer destino un deber de fidelidad que, aunque no impone un compromiso político y personal en defensa de la Constitución “sí implica la obligación de abstenerse de ejecutar cualquier actuación que ponga en peligro valores o principios” de la Carta Magna y la de “adecuar a dichos valores y principios su actuación profesional”.