Sánchez reedita el pacto de la moción para los «decretazos»

Transferirá más competencias al PNV y Compromís le exige 3.100 millones del FLA por su apoyo.

El Gobierno sacó ayer adelante sus seis «decretazos» en la Diputación Permanente con menos apuros de los previstos. Únicamente el real decreto que recoge medidas para regular el mercado del alquiler de viviendas estuvo en el alambre hasta última hora y fue convalidado por la mínima: 33 votos a favor, 31 en contra y una abstención. El presidente Pedro Sánchez y sus ministros, de esta forma, volvieron a tener en los socios del bloque de la moción de censura el apoyo necesario para convertir en ley las medidas alumbradas en los «viernes sociales». Junto al PSOE se alinearon los representantes de Podemos, ERC, PNV, Compromís, PDeCAT y EH Bildu. Ciudadanos, por su parte, se abstuvo en tres votaciones y apoyó dos decretos.

En el trasfondo de estas votaciones, hay que ubicar el tira y afloja entre Moncloa y algunas de las formaciones para conseguir su apoyo. Y de una manera especial, al PNV. A la salida de la Diputación Permanente, el portavoz del grupo vasco, Aitor Esteban, negó que el «sí» a los decretos sociales de Sánchez se produjera como respuesta a nuevas cesiones del Gobierno central al Ejecutivo autonómico vasco. Apoyaron los reales decretos, según Esteban, «por responsabilidad» y sin que mediara «ningún euro» de beneficio para el País Vasco. La portavoz socialista en la Cámara Baja, Adriana Lastra, negó negó con contundencia el mercadeo de competencias o cesiones con el PNV: «Nunca. Para nada, nosotros nunca hemos vinculado una cosa y la otra», aseguró a los periodistas.

Horas antes, sin embargo, al poco de empezar la sesión en la Diputación Permanente, fue el propio Esteban el que puso encima de la mesa las condiciones para que el PNV ayudase a la convalidación de los decretos: la aceleración en la cesión de las competencias pendientes al País Vasco. «El Gobierno español tiene asumidas una serie de obligaciones y compromisos y si ha tenido tiempo para presentar estos decretos, también tiene que ir haciendo frente a estos compromisos», subrayó el portavoz «jeztale».

La versión oficial en torno a la gestación del acuerdo para que el PNV apoyara los decretos –según la cual no han existido contrapartidas– también quedó desmentida por el Gobierno vasco. Su portavoz, Josu Erkoreka, desveló que «desde la noche de ayer –del martes– se han intensificado los contactos y se han multiplicado los documentos y propuestas» alrededor de las competencias pendientes de transferir a la comunidad vasca. Precisamente a este respecto, desde el PNV insisten en destacar «el buen clima» existente entre ambas administraciones, la «confianza» en que, finalmente, Moncloa cumpla con lo prometido, por más que los dirigentes nacionalistas no concreten si todo ello se traducirá en algo «antes de las elecciones». La «buena voluntad» que, según Esteban, ha manifestado el Ejecutivo del PSOE a la hora de iniciar la transferencia de esas competencias girará en torno a lo que Sánchez trató con Iñigo Urkullu en la reunión que mantuvieron en Moncloa el pasado mes de junio. Las competencias que históricamente el PNV ha exigido al Gobierno central son un total de 37, recogidas todas ellas en el Estauto de Gernika, entre ellas, las relativas a autopistas, puertos, aeropuertos o instituciones penitenciarias.

No fueron los nacionalistas vascos los únicos en poner sobre la mesa de la Diputación Permanente sus exigencias. También el portavoz de Compromís en este órgano, Joan Baldoví, recordó al presidente Sánchez las deudas contraídas con los valencianos, en concreto, los 3.100 millones del Fondo de Liquidez Autonómica que, según los regionalistas, aún no han llegado a las arcas de la Generalitat.

El coste de los «decretazos»

El único partido que se opuso a todos los decretos fue el PP. La formación de Pablo Casado rechaza estas medidas por su carácter «electoralista» y, también, por hipotecar con importantes partidas de gasto la hoja de ruta que salga de las urnas del 28-A. Fuentes populares señalan que no todos los decretos tendrán una incidencia directa en las cuentas: según los cálculos de esta formación, el relativo a la igualdad laboral entre hombres y mujeres –el aumento de los permisos de paternidad– supone un desembolso de 1.000 millones de euros; las ayudas a los parados de más de 52 años costarán 1.600 millones en cuatro ejercicios; mientras que la prórroga para que las corporaciones locales puedan destinar el superávit a las inversiones financieramente sostenibles puede poner en riesgo el superávit de 6.200 millones de euros que aportan los ayuntamientos al Estado.