El empresario Marjaliza, «cabeza y núcleo» de toda la trama delictiva

El juez Eloy Velasco sitúa al empresario David Marjaliza en la cima de la presunta trama de corrupción que conseguía adjudicaciones y contratos a cambio de comisiones.

El juez Eloy Velasco sitúa al empresario David Marjaliza en la cima de la presunta trama de corrupción que conseguía adjudicaciones y contratos a cambio de comisiones. Era, en palabras del magistrado en el auto donde decreta su prisión provisional sin fianza, la «cabeza de un amplio entramado empresarial, núcleo de una organización criminal» y «centro de una amplia red de tráfico de influencias que ha patrimonializado la actividad pública de contratación y de urbanismo, con la colaboración de funcionarios y autoridades públicas». El juez le imputa los mismos delitos que a Granados y los de utilización de información confidencial y falsificación documental.

Este empresario, a diferencia de Granados, se negó a contestar a ninguna pregunta. El motivo, según señaló a este periódico su abogado, José Antonio Choclán, es que «no puede declarar cuando está ilegalmente detenido, ya que se había pasado el plazo máximo de detención –72 horas– para ser entregado a la autoridad judicial». Por ello, el próximo lunes presentará un recurso ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional contra la decisión del juez de prorrogar la detención el pasado miércoles mediante un mandamiento judicial.

El magistrado sostiene que era quien estaba a la cabeza de un amplio entramado empresarial, «núcleo de una organización criminal», cuya actividad estaba vinculada a actuaciones administrativas, como promociones urbanísticas, contratos públicos o concesiones administrativas, «habiéndose aprovechado de sus amplias relaciones personales y políticas, para lograr las adjudicaciones irregulares tanto para sus propias empresas como para terceros». A cambio de ello, añade el juez, recibiría las correspondientes comisiones.

Además, era, presuntamente, el responsable de crear todo un entramado empresarial para ocultar los beneficios de su actividad, «tanto la lícita como la delictiva», así como para evitar el control de las autoridades, «dificultando que se vincule con las adjudicaciones públicas continuadas que recibe ,en aquellas administraciones donde actúa en concertación con autoridades públicas y funcionarios corruptos». De esta forma, la conclusión a la que llega el juez es que este empresario era el «centro» de una amplia red de tráfico de influencias «que ha patrimonializado la actividad pública de contratación y de urbanismo, con la colaboración de funcionarios y autoridades públicas».

El juez acordó su prisión provisional con los mismos argumentos que en el caso de Francisco Granados: riesgo de fuga, gravedad de las penas que conllevan los delitos imputados y la «alta probabilidad de reiteración delictiva»

Regularización

Junto a ello, el instructor de la causa también sostiene que es titular de cuentas en Suiza sobre las que existen sospechas de que ha sido utilizadas para el blanqueo de capitales. Sobre esta cuestión, fuentes de su defensa sostienen que Marjaliza regularizó recientemente, en concreto el pasado febrero, 12 millones de euros que tenía en distintas cuentas en el extranjero. Este hecho es especialmente importante para la defensa, ya que, «excluirían directamente los delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales que se le imputan», ya que se produjo antes de que iniciase este procedimiento penal.

Granados, a prisión por formar parte de una «organización criminal»

Durante más de dos horas, el que fuera número 2 del Partido Popular de Madrid Francisco Granados trató de convencer al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco de que no mantuvo relación «profesional» alguna con el empresario David Marjaliza –a quien le unía una amistad desde pequeño, «compañeros de pupitre»–, ni influyó para nada en la adjudicaciones de contratos en la Comunidad de Madrid, ni que tuviese cuenta abierta en una entidad Suiza con dinero procedente, supuestamente, del cobro de comisiones. Sin embargo, ni los dos fiscales Anticorrupción que le interrogaron ni el propio magistrado, a quienes contestó a todas las preguntas, le creyeron lo más mínimo. Y motivos tenía, porque a las 17.30 horas, salía en un furgón de la Guardia Civil con destino a la prisión de Soto del Real, sin posibilidad de abandonarla con el pago de una fianza. Hasta ocho delitos le imputa el magistrado, relacionados con las actividades de la presunta trama de corrupción desarticulada con la «operación Púnica».

En el auto de prisión, el juez Eloy Velasco considera que hay indicios más que suficientes para considerar que es titular «de algunas de las cuentas de los que las autoridades suizas han informado de que hay sospechas de blanqueo de capitales».

Sobre esta cuestión, Granados admitió al magistrado que abrió una cuenta en una entidad bancario de Suiza en 1996, en la que había depositado 320.000 euros. Sin embargo, la transfirió a Marjaliza en el año 2000, un año después de haber sido elegido alcalde Valdemoro, aunque seguía figurando en ella por las «dificultades» de cerrarla. En ese mismo año, rescató ese dinero de la cuenta, según señalaron fuentes de su defensa.

Por ello, manifestó que la transferencia detectada en 2013 de 1,6 millones de euros era un traspaso que habría realizado el mencionado empresario, quien, aseguró al respecto, era el auténtico titular de esa cuenta.

Junto a ello, el juez Velasco también aprecia de que Granados pudo haber beneficiado a determinados empresarios, cuando ocupaba ya cargos públicos, «en beneficio propio». En concreto, según se recoge en el auto de prisión, a lo largo de su carrera política existen indicios de que habría beneficiado a Marjaliza «y otros empresarios» en materia de contratación pública y urbanismo, «tomando parte en una red de tráfico de influencias que ha utilizado también en beneficio propio».

En este sentido, Eloy Velasco destaca que se han identificado diversas operaciones inmobiliarias de las que se sospecha «pueden haber sido la contraprestación recibida de aquellos empresarios».

Estas acusaciones fueron igualmente negadas por el ex número 2 de Madrid en su declaración judicial. Así, aseguró que no tuvo «influencia alguna en las adjudicaciones de contratos de la Comunidad de Madrid», ya la Consejería de Presidencia, de la que era titular, no tenía competencias para ello. En cuanto a si benefició a determinados empresarios con la recalificación de terrenos en Valdemoro cuando era alcalde de ese municipio, aunque sobre esta cuestión no fue interpelado expresamente, fuentes de su defensa recordaron que durante su mandato no se produjo ninguna alteración del plan urbanístico.

También ha rechazado haber recibido de la empresa Dico, una de las supuestamente beneficiarias de las actividades de esta presunta «trama», ningún chalé, tal como aseguró ante notario David Merino, ex director financiero de Dico, ya en el año 2008. De hecho, Granados aseguró que estudió dos viviendas para comprar, una de las cuales sí pertenecía a esa empresa, pero fue, precisamente, la que rechazó, ya que era demasiada ostentosa y ello no contribuía a su imagen.

Por otro lado, el juez Eloy Velasco dejó en libertad provisional, con la obligación de presentarse en el juzgado cada 15 días, al guardia civil José Manuel R. T., quien, presuntamente, avisó a Granados de que estaba siendo investigado.

Filtración peligrosa

En concreto, el instructor de esta causa le considera «responsable de la filtración de la información sobre la instalación de un medida de vigilancia de vídeo en las inmediaciones de la sede empresarial de David Marjaliza a Francisco Granados», lo que puso en riesgo la investigación» y ha dificultado severamente la marcha de la misma». También quedaron en libertad, aunque con fianza de 6.000 euros, dos empresarios que, supuestamente, formaban parte de la «trama organizada para afrontar el pago de los cohechos vinculados» a un contrato en Collado-Villalba por valor de 39 millones.