El fracaso de la «desinflamación»

La operación de Sánchez frente al separatismo ha terminado igual que la «operación de diálogo» que emprendió Rajoy. Cada vez hay más consenso político y empresarial en que no habrá alternativa a otro 155 duro y por más tiempo ante la deriva del Gobierno Torra.

Un año después de las elecciones catalanas del 21-D la política de desinflamación del Gobierno socialista ha terminado igual que terminó la operación diálogo del Gobierno de Rajoy. El independentismo estaba dividido, y sigue dividido. Como en la etapa anterior, tampoco las esperanzas puestas en la ruptura por parte de ERC se han concretado en hechos tangibles y, de hecho, aunque esa crisis dentro del independentismo se haya agravado, y sus máximos líderes, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, ni se hablen, Esquerra sigue sosteniendo al Gobierno de la Generalitat que preside Quim Torra, el alférez de Puigdemont en Barcelona.

Según el Centro de Estudios de Opinión (CEO), el CIS catalán, el apoyo a la independencia de Cataluña ha subido medio punto desde julio, cuando era del 46,7 por ciento, mientras que los contrarios bajan casi dos puntos hasta el 43 por ciento. Los datos de NC REPORT confirman también una subida de apoyos a ERC, mientras que baja Ciudadanos, que dejaría de ser la fuerza más votada en unas elecciones. Pero por bloques, el separatista estaría en el 44 por ciento y el constitucionalista en el 44,8 por ciento, con los comunes como opción bisagra con el 6,5 por ciento de los votos.

Al cumplirse el primer aniversario, en el ámbito político la principal diferencia entre esta etapa y la que concluyó con la declaración unilateral de independencia y la aplicación del artículo 155 de la Constitución está en que la dirección independentista ya sí es consciente de la fuerza del Estado de Derecho y de las consecuencias de traspasar líneas rojas que cruzaron en el pasado. La diferencia es el miedo a acabar en el mismo sitio en el que están los referentes secesionistas en prisión preventiva y pendientes del juicio en el Tribunal Supremo.

Por lo demás, el precedente de la activación de la suspensión de la autonomía no ha servido para corregir el desgobierno, para llevarles a hacer una rectificación explícita o implícita, pero que supusiera al menos reconocer el fracaso de la vía adoptada y centrarse en lo que plantean dirigentes de Esquerra fuera de los canales públicos, en la necesidad de volver a la multilateralidad, dar marcha atrás sin renunciar a la independencia y gestionar para ensanchar la base social que apoya el referéndum de autodeterminación, pero sin olvidar que la gente no come de la estelada. Ahí está otra de las diferencias con respecto a la etapa anterior, la creciente presión en la calle contra la gestión de la Generalitat con imágenes de protestas contra Torra frente de aquellos que meses atrás se señalaron por defender el referéndum, como el colectivo de los bomberos.

Con un president más cerca de los grupos violentos que de los catalanes que no se sienten independentistas, la realidad catalana, medida en términos de convivencia o confianza, no ha mejorado en el último año. Que tensen la legalidad vigente sin traspasar la frontera que activaría una intervención judicial que concluyese en el mismo procedimiento penal abierto en el Supremo no quiere decir que hayan mejorados las condiciones políticas ni el clima social, y en este balance hay bastante consenso político y empresarial. La mayoría de los catalanes, la mayoría de los catalanes independentistas, no están dispuestos a sumarse a un escenario de violencia, no apoyan las acciones de los CDR ni a los encapuchados que en la vía eslovena en la que se mira Torra tendrían su espejo en la guerrilla civil que se movilizó para el levantamiento que concluyó en la guerra del país.

Pero mientras los partidos independentistas no han dado ninguna señal de que son capaces de avanzar en su laberinto, y no habrá ningún espacio para que lo hagan mientras esté desarrollándose el juicio del Supremo, el bloque constitucionalista ha saltado por los aires desde la moción de censura en la que Pedro Sánchez salió investido con el apoyo del PDeCAT, ERC y Podemos. Los jueces se marchan de Cataluña. Los policías que escoltan a los políticos no independentistas también están más cansados de trabajar con cada vez más tensión y menos cooperación con los Mossos, que son los que tienen la competencia en Seguridad Ciudadana. La colaboración entre Fuerzas de Seguridad del Estado y la Policía Autónoma está «donde estaba, o peor», como confirman fuentes policiales. Y la propia colaboración dentro de los Mossos ha quedado hecha añicos durante el «procés», y dentro de la Policía Autónoma cuentan como hay patrullas de compañeros que se pasan toda la jornada laboral sin hablarse por culpa de las tensiones ideológicas, y cómo estas tensiones les están haciendo perder credibilidad y eficacia en sus funciones.

Cataluña no ha recuperado la confianza del inversor, no han regresado las empresas que se fueron, ha perdido la sede de actos tan representativos de una Cataluña pujante como el de la entrega de los Premios Planeta. Fuera de micrófonos y cámaras, cada vez son más los representantes políticos y económicos que reconocen que esto no va a tener más salida que la de suspender la autonomía y con una dureza muy superior a la que empleó Rajoy con el apoyo del PSOE y de Cs. La intervención de la Generalitat ya no puede depender de si hay un acto flagrantemente ilegal, si no de la necesidad de garantizar el orden público, la seguridad y los derechos y libertades de los catalanes.

El problema se agrava porque el movimiento independentista tampoco está preparado para ir a unas elecciones ya que no tienen asegurado que puedan mejorar la mayoría parlamentaria, y el Gobierno de Pedro Sánchez tampoco parece que esté en el mejor momento para pasar por las urnas. Una activación del 155 dejaría a Sánchez sin el apoyo de sus socios, y aunque sea un gesto más retórico que con efectos prácticos sería el acto final del proyecto socialista y obligaría a fijar fecha para unas generales. Un balance desesperanzador en medio de la guerra política electoral.