El Gobierno no dejará a Bárcenas acogerse a la «amnistía fiscal»

La defensa de Luis Bárcenas arremetió la semana pasada contra el Ministerio de Hacienda porque desmintió que su cliente pudiera haberse acogido a la «amnistía fiscal» para regularizar 10 millones de euros a través de una sociedad. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, replicará hoy a esas críticas en el Congreso solemnizando en sede parlamentaria que ninguna persona física o jurídica puede favorecerse por presentar la Declaración Tributaria Especial (DTE) si tenía previamente iniciado un procedimiento de inspección por vía administrativa o judicial.

Montoro no citará expresamente a Bárcenas porque no puede hablar de contribuyentes concretos, pero el mensaje será más que claro. Bárcenas no puede beneficiarse de la «amnistía fiscal» por su situación judicial. Fue imputado por el Tribunal Supremo cuando todavía tenía la condición de senador. Cuando perdió el aforamiento, su caso pasó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde quedó fuera de la causa porque el juez Santiago Pedreira entendió que las iniciales «L.B». –o «Luis, el Cabrón»— no eran pruebas suficientes para relacionarle con la caja B de la trama Gürtel. Y al pasar todo el caso a manos de la Audiencia Nacional, la Sala de lo Penal ordenó su imputación porque entendió que los indicios eran suficientes para seguir investigando.

El ministro ratificará ante el Parlamento que sólo pueden declararse rentas ocultas que provengan de actividades lícitas. Es decir, que la regularización no salva las responsabilidades del declarante sea una persona física o jurídica. También sostendrá que la regularización «no es opaca» frente a la que aprobó el PSOE. Al respecto, recordará que en el caso socialista se presentaba ante el Banco de España, no ante la Administración Tributaria, que nunca conoció los nombres ni se hicieron públicos. En la «amnistía fiscal» abierta por el Gobierno en 2012 se requiere identificar al titular real de los bienes y derechos.

El ministro aprovechará su comparecencia extraordinaria para incidir en que la «regularización fiscal» ha supuesto unos ingresos de casi 1.200 millones de euros y, por tanto, ha servido para que aflorasen más de 12.000 millones. Explicará también que estos procesos especiales se han hecho en todos los países de nuestro entorno: en Italia, en el 97, 2001 y 2009; en Bélgica, en 2004 y 2006; en Alemania, en 2002 y 2010; en Reino Unido, en 2007; en Portugal, en 2005 y 2010; en Grecia, en 2004; en Irlanda, en 2004; en Estados Unidos, en 2003; y en Canadá, permanente.

Y en defensa del Gobierno de Rajoy recordará que en España se han hecho en tres ocasiones: en el 77, en el 84 y en el 91.