Moncloa modula la respuesta: «Quieren a la gente en la calle»

Todos los actos y preparativos de la campaña de un referéndum ilegal «tendrán consecuencias». Pero al tiempo que Moncloa dejaba ayer esta advertencia ante el arranque de la campaña independentista por el 1-O, también subrayaba que el derecho de reunión tiene una protección que debe ser preservada. Esta cautela se justifica en la decisión del Gobierno de seguir respondiendo gradualmente a las desobediencias del soberanismo, «sin dejar de vigilar por el cumplimiento de la ley», pero sin dar «el golpe en la mesa que los independentistas están buscando para echar la gente a la calle».

Un equilibrio complicado, que en lo que afecta a la campaña se traducirá, de inmediato, en la persecución de aquellos que colaboren en la cesión de locales, por ejemplo. «Si se prohibe el mitin tenemos un lío de orden público grande», explicaban ayer fuentes gubernamentales ante la pregunta de por qué se iba a dejar que se celebrara el acto convocado por la cúpula del «procés» en Tarragona para dar el pistoletazo de salida a la campaña del referéndum. A ese acto acudieron los primeros espadas del proyecto rupturista y representantes del movimiento asambleario y de las asociaciones que llevan años agitando la independencia al cobijo de la Generalitat. Y ello a pesar de que la Delegación del Gobierno trasladó la advertencia al subdelegado del Gobierno en Tarragona, Jordi Sierra, sobre el Tarraco Arena Plaza , lugar del acto, y que es propiedad de la Diputación de Tarragona. Aunque su actividad la gestiona la empresa privada Agencia de Publicitat Internacional Catalana.

En el Gobierno dan por hecho que el independentismo llegará hasta el final, y advierten de que ellos, en la defensa del Estado de Derecho, también. Pero aclaran que hay que seguir actuando «con prudencia y gradualidad, sin anticipar escenarios, y dejando las respuestas más contundentes para el último momento», ya que, a su juicio, lo que busca el soberanismo es «que la tensión social se vuelva contra Madrid para utilizarla como paraguas protector».

La vicepresidenta y ministra para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró ayer en Telecinco que al Estado de Derecho no le «temblará el pulso» ante este desafío secesionista y garantizó que tienen previstos «todos los escenarios». En ese sentido, insistió en que el Gobierno irá «dando respuesta a cada ilegalidad» que vayan cometiendo los independentistas.
«No nos va a temblar el pulso en hacer lo que tengamos que hacer, siempre dentro de la ley», explicó Sáenz de Santamaría, antes de resaltar que «a veces» tiene la sensación de que los independentistas están «deseando» y «buscando» que el Gobierno o las instituciones «den un paso más allá de lo que les corresponde». «Pero esa línea el Estado de Derecho la tiene muy clara, es la línea de la ley», manifestó. .
La vicepresidenta subrayó que si la Generalitat ha decidido caer en la desobediencia y demostrar cada día que «son más listos porque se saltan la ley, la ley se repone con toda la fuerza del Estado de Derecho, con toda tranquilidad, con toda paz, pero también con toda firmeza». Todo el mundo, los alcaldes de Cataluña incluidos, tiene claro que no se puede colaborar con un referéndum ilegal, y cualquier acto preparatorio del mismo tendrá una respuesta, incidió.

Santamaría también se dirigió a los ciudadanos catalanes para asegurarles que no tienen que colaborar y no deben hacerlo con este referéndum y que el Gobierno no va a permitir que la Generalitat perturbe sus derechos. «Si el señor Puigdemont quiere un diálogo, debería reponer todo al momento inicial en que desobedecieron la ley».