El juez de la «Constitución» catalana podría incluso ser expulsado de la Carrera

El Consejo General del Poder Judicial ha decidido intervenir de inmediato nada más tener noticias de que el magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona Santiago Vidal es uno de los que participan en la elaboración de una «Constitución» catalana. Así, el Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, ha abierto una información previa para el esclarecimiento de los hechos.

Para ello, ha citado a declarar al magistrado en cuestión para el próximo 19 de mayo, y, además, ha pedido tanto al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como al de la Audiencia Provincial de Barcelona si Vidal solicitó autorización o les comunicó que iba a participar en esa «actividad». Y es que la Ley Orgánica del Poder Judicial establece de forma taxativa la necesaria autorización para participar en actividades al margen de su ejercicio profesional, y siempre que no incurra en causa de incompatibilidad. En concreto, el artículo 397 de la LOPJ establece que la competencia para la «autorización, reconocimiento o denegación de compatibilidades» corresponde al CGPJ, previo informe del presidente del tribunal o audiencia respectiva.

Al margen de ese extremo, el Consejo deberá determinar si la participación en la «Constitución» catalana se encuadra entre las incompatibilidades y prohibiciones a los jueces y magistrados. En este sentido, fuentes jurídicas consultadas por LA RAZÓN aseguran que «encaja completamente» en dos de los apartados establecidos en el artículo 389 de la LOPJ. En primer lugar, la incompatibilidad con cualquier «designación política del Estado o comunidades autónomas» –éste sería el caso– y, en segundo lugar, con «todo tipo de asesoramiento jurídico, sea o no retribuido».

De verificarse que incurrió en algunos de estos extremos, conllevaría a la posible comisión de una falta muy grave por el «ejercicio de cualquiera de las actividades incompatibles con el cargo de juez o magistrado establecidos en el artículo 389 de esta ley...». Las faltas muy graves están sancionadas con suspensión de hasta tres años, traslado forzoso e incluso la separación de la Carrera Judicial.

Deslealtad constitucional

Junto a todo ello, las fuentes consultadas coincidieron igualmente en que la actitud de Santiago Vidal, de verificarse, constituye un acto de «deslealtad constitucional, porque todos juramos acatar y defender la Constitución», señalan al respecto.

Incluso, la propia Ley Orgánica del Poder Judicial sanciona como falta grave cuando en una sentencia se compruebe el «incumplimiento consciente de fidelidad a a la Constitución».

Santiago Vidal fue uno de los más de 30 jueces y magistrados destinados en Cataluña que firmaron un «Manifiesto a favor de decidir» y la legalidad de la consulta que pretende Artur Mas, «en el actual marco constitucional». Sostienen, además, que a Cataluña se le debe reconocer «indefectiblemente», su derecho a decidir», como plantea la consulta.