El Tribunal Supremo no decidirá si imputa a Barberá antes de las elecciones

El juez de Valencia pide al Supremo que abra una investigación por blanqueo de capitales. Los trámites impiden que el suplicatorio llegue al Senado antes de la disolución de la Cámara

La senadora del PP y ex alcaldesa de Valencia, Rita Barberá
La senadora del PP y ex alcaldesa de Valencia, Rita Barberá

El juez de Valencia pide al Supremo que abra una investigación por blanqueo de capitales. Los trámites impiden que el suplicatorio llegue al Senado antes de la disolución de la Cámara

La hipotética y cada vez más probable convocatoria de nuevas elecciones libraría a Rita Barberá de ser investigada por el Tribunal Supremo por un delito de blanqueo de capitales, relacionado con una supuesta financiación ilegal del PP de Valencia, pese a que los magistrados llegasen a concluir que hay motivos suficientes para ello. Los trámites procesales hasta llegar a ese momento hacen del todo imposible que se llegue a la petición de suplicatorio antes de la disolución del Senado, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes conocedoras del asunto.

Ayer, el juez del «caso Imelsa» que investiga si hubo blanqueo en el PP de Valencia envió al Tribunal Supremo la parte que afecta a la ex alcaldesa y senadora, ya que considera que las explicaciones que ha dado hasta ahora no excluyen su posible implicación y el juzgado no es competente sobre aforados.

Cinco magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo –el presidente, Manuel Marchena, y Francisco Monterde, Ana Ferrer, Juan Ramón Soriano y José Manuel Maza– serán los encargados de decidir, en última instancia, si hay motivos suficientes para investigar a la actual senadora del PP y ex alcaldesa de Valencia Rita Barberá por un delito de blanqueo, en relación con una presunta financiación ilegal del Partido Popular en esa ciudad. Una vez que la Sala reciba la exposición razonada –lo que sucederá hoy– se designará un ponente por estricto orden de reparto y se solicitará informe al Ministerio Fiscal sobre el fondo y la competencia. Es decir, si entiende que hay motivos suficientes para se lleve o no a cabo esa investigación. Una vez cuente la Sala con el correspondiente dictamen del Ministerio Público, que se pronunciará a favor de que el Supremo investigue a Barberá, será cuando se pronuncie sobre la exposición razonada. Al respecto, caben tres opciones: considerar que no hay elementos suficientes de imputación en estos momentos, por lo se devolvería nuevamente al juzgado de instancia para que continuara con la investigación hasta que, en su caso, se afianzaran los indicios; rechazar directamente la exposición razonada, o admitirla a trámite. El ponente será el encargado de dictar el auto que contenga el sentir de la Sala. Si, con todos esos elementos, los magistrados admiten a trámite la exposición razonada, se designará un instructor, por un turno previamente establecido, y que no será ninguno de los han formado la Sala de Admisión, que será el encargado de practicar las diligencias oportunas. Entre ellas, podría «ofrecer» a Rita Barberá que compareciese voluntariamente a declarar, en calidad, eso sí, de investigada, tal como sucedió con los que entonces eran aforados en el «caso de los ERE».

Estos trámites suelen durar varios meses hasta que, finalmente, el instructor decide si hay elementos para actuar contra ella «con todas las consecuencias», que sería el momento en que instara el suplicatorio. Ello debería hacerlo el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, en un escrito dirigido al Senado, que sería quien tuviese que dar luz verde a que se investigara la senadora popular.

Con todos estos pasos procesales, y en la hipótesis de que se admitiera a trámite la exposición razonada, «sería del todo punto imposible» que se pudiera no sólo conceder, sino ni siquiera pedir, el suplicatorio al Senado. A pesar de que las cámaras se disolverían ante unas posibles elecciones el 2 de mayo y Rita Barberá no perdiese su condición de aforada, toda vez que es miembro de la Comisión Permanente, no habría tiempo material de resolverlo antes de las nuevas elecciones, el 26 de junio.

Basta mirar a los antecedentes de aforados para comprobar que esos trámites llevan no pocos meses en resolverse, y, en este caso, estaría también la dificultad añadida de que el Senado estaría disuelto. Todos esos factores hacen difícil que Rita Barberá sea investigada por el Tribunal Supremo, con independencia de que la Sala y el instructor, en su caso, apreciaran que hay motivos para ello.

El magistrado justifica el envío de la exposición razonada al Supremo en que Rita Barberá fue «una más» de las personas que aportaron mil euros al PP de Valencia mediante una transferencia bancaria, que posteriormente le sería «devuelto» en efectivo por el partido, produciéndose de esa forma el blanqueo de capitales.

Sin embargo, el juez deja claro que ninguno de los investigados que reconocieron haber recibido el dinero tras la «aportación», ni los testigos que se negaron a efectuarla, ha involucrado a la ex alcaldesa valenciana del PP en esos hechos. Ninguno de ellos, afirma el magistrado, «testimonia una participación concreta, personal, de la aforada María Rita Barberá en la entrega de dinero, ni en la propuesta o indicación para que dicha entrega se llevara a cabo o se aceptara».

En todo caso, esgrime el magistrado que resultaría «incoherente» que todos los que aportaron esos mil euros estén ya como investigados en la causa, y no estuviera en esa misma condición Rita Barberá, cuando realizó la misma conducta.

Además, alude a la «efectiva posición, como superiora jerárquica» de la principal investigada, María del Carmen García-Fuster, quien era la secretaria del Grupo del PP en el Ayuntamiento de Valencia, que sería la que, presuntamente, entregaría los billetes a los «donantes», tal como reconoció la entonces concejala de Cultura María José Alcón en una conversación telefónica con su hija.

En esa misma conversación, la ex concejala alude en algún momento a Rita Barberá, aunque «si bien sin hacer una imputación precisa de hechos concretos en esa operativa».

- Mismo trato

Fue «una más» de las que reconocieron haber efectuado una aportación de mil euros al PP de Valencia, por lo que debe estar en la misma situación que los demás investigados.

- Superioridad y confianza

Era la «superiora jerárquica» de la ex responsable del Grupo del PP en el ayuntamiento, y tenía una «relación personal y de estrecha confianza con la principal investigada».

- Sin testimonio en su contra

El juez reconoce que ningún investigado o testigo ha manifestado una «participación concreta personal» de Barberá «en la entrega de dinero», en que se hiciese o se aceptara.

- Pruebas imprecisas

La principal investigada cita a Barberá en una conversación donde reconoce haber aportado mil euros, pero «sin hacer una imputación precisa de hechos concretos».

- No habrá nuevos datos relevantes

La UDEF ya ha expresado verbalmente al juez de la investigación «nuevos datos significativos de una implicación concreta» de Barberá en estos hechos.