El nuevo presidente del TSJ de Murcia fue elegido por su «proyecto de actuación»

La mayoría del CGPJ niega cualquier tipo de «machismo» en el nombramiento

Las críticas vertidas desde la minoría progresista del Consejo General del Poder Judicial de que la designación del magistrado Miguel Alfonso Pascual de Riquelme como nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia tuvo un componente «machista» al haber discriminado a la candidata Pilar Alonso Saura por el mero hecho de ser mujer no son compartidas lo más mínimo por la mayoría del órgano de gobierno de los jueces y magistrados, quienes defienden que se debió exclusivamente a los méritos profesionales y al programa de actuación que presentó. Así consta en el acuerdo del CGPJ, en el que se afirma que el nombramiento de Riquelme, que «tiene una antigüedad suficiente en la carrera judicial y en el ejercicio de la función jurisdiccional, así como una sólida formación jurídica», se fundamenta en los «méritos y capacidad» del mismo, del que, además, se destaca su «capacidad organizativa, de dirección y gestión del candidato», en especial «la demostrada en su condición de juez decano y miembro de la Sala de Gobierno» del TSJ de Murcia y como en la de Jefe de Relaciones Internacionales del Consejo.

En el aval que logró de la mayoría del Consejo también pesó el «excelente» conocimiento del funcionamiento y situación del mencionado tribunal superior, como se refleja, se añade al respecto en la justificación de la designación de Riquelme, en el «proyecto de actuación» que presentó y defendió en su comparecencia ante el Consejo, «positivamente valorado por sus interesantes propuestas concretas de mejora –un total de sesenta y dos– y medidas para su consecución, en el ámbito de la gestión gubernativa, servicio público, trabajo jurisdiccional y, por último, innovación y modernización tendentes a la obtención de la excelencia organizativa». Así, de forma específica, se alude a las iniciativas que presentó en relación con el despliegue de la Administración de Justicia en la región de Murcia, «para la gestión del cambio y para la mejora de la organización de las oficinas judiciales, infraestructuras judiciales y procesos y herramientas al servicio de la Administración de Justicia».

Estas circunstancias son las que llevaron al Consejo a la designación de Pascual Riquelme, al considerarlo el más idóneo para presidir el TSJ de Murcia y el más adecuado «para afrontar los retos que traerán consigo las modificaciones normativas, organizativas, estructurales y procesales próximas en el ámbito de los tribunales superiores de Justicia, considerándose su nombramiento decisivo para el desarrollo de la Nueva Oficina Judicial en Murcia; y ello pese a su menor antigüedad».

En cambio, siete de los 21 miembros del Consejo sostienen que, en realidad, se trató de una «injustificada e inconstitucional discriminación por razón de sexo», según señala en el citado voto la vocal Clara Martínez de Careaga, al que se sumaron otros seis consejeros del grupo «progresista».