Segunda vuelta en las municipales, blindaje a la Constitución y más seguridad

El PP presenta su programa electoral, un proyecto continuista basado en la unidad del país y que defenderá los símbolos nacionales.

El programa del PP es continuista con la política que ha impulsado Mariano Rajoy durante esta legislatura. Su oferta programática se sostiene básicamente en el principio de avanzar sin revoluciones en las reformas que ha impulsado en estos últimos cuatro años, y sin golpes de efecto al calor del debate público. El PP reivindica la Constitución española y el refuerzo de la unidad y de la protección de los símbolos nacionales. La actualización y revisión de la Carta Magna, el mantra de la izquierda y hasta de Ciudadanos, lo resuelve con propuestas de reformas puntuales para mejorar, por ejemplo, el funcionamiento del Parlamento. Es decir, asume la materialización de retoques pendientes que, en algunos casos, vienen arrastrándose desde hace años y que no es la primera vez que entran en el contenido de un documento programático, aunque no hayan visto la luz por falta de impulso político en el momento de la verdad o de acuerdo entre los partidos. Frente al rupturismo con el que coquetean otros partidos, incluso Albert Rivera en cuestiones como el Senado, el PP se remite a los trabajos que ya se han hecho para ajustar nuestro modelo constitucional a los nuevos tiempos. En el caso de la Cámara Alta, su referencia es la ponencia de estudio para reforzar sus funciones, que ya ha estado activa durante esta legislatura. Cambios, por tanto, dentro del marco constitucional y dentro del actual equilibrio de poderes del Estado autonómico.

Constitución y unidad nacional

«Las reformas que España necesita deben afrontarse con lealtad institucional, sin necesidad de rectificar el núcleo de las decisiones fundamentales adoptadas en el 78». Bajo esta declaración de principios, que contesta a la deriva secesionista en Cataluña, el PP asume como compromiso electoral la defensa del Estado de las Autonomías, en el que exista una oferta básica de servicios públicos esenciales igual para todos los españoles. Como adelantó este periódico, Rajoy también se compromete a reformar la Ley que regula el uso de la Bandera y de otros símbolos para garantizar mejor su estricto cumplimiento. Su respuesta a la presión independentista incluye la reforma del modelo de financiación y dar más papel a la Conferencia de Presidentes, como instrumento de cooperación entre Estado y comunidades. En los últimos cuatro años esta Conferencia ha sido un órgano de escasa relevancia.

Reforma de la Ley Electoral

El programa del PP sí incluye su propuesta de una reforma de la Ley Electoral para que gobierne la lista más votada en el ámbito municipal. En el caso de que no exista mayoría absoluta, se introducirá un sistema de doble vuelta. Esta iniciativa, que recoge una prima de gobernabilidad a favor de la lista más votada, no ha salido adelante en esta legislatura por falta de acuerdo con el PSOE. El PP se compromete expresamente a respetar «la costumbre constitucional de que sólo formará gobierno la candidatura más votada en España». Habla también de reducir la duración de la campaña electoral y de los gastos, aunque sin concretar el procedimiento.

Congreso más participativo

El Partido Popular recupera el compromiso de reformar el funcionamiento del Parlamento. Una idea que aparece en sus programas de las generales desde la etapa de José María Aznar. Esta vez defiende que la reforma debe servir para mejorar su transparencia, hacerlo más participativo, introducir nuevos elementos de rendición de cuentas, agilizar los debates o simplificar el procedimiento de elaboración de leyes. También promete potenciar la iniciativa legislativa popular.

Lucha contra la corrupción: regular lobbies

Los casos de corrupción que han afectado a las siglas del PP han sido un lastre para este partido en la legislatura que termina. En su programa incluyen un capítulo dedicado a la regeneración democrática, en el que además de reivindicar las reformas introducidas en esta etapa también subrayan su apuesta por blindarse frente a los irregulares comportamientos internos. En ese sentido, recuerdan que todos los cargos del PP suscribirán una Declaración de Compromiso, y tendrán que dimitir y serán suspendidos de militancia si están encausados en un proceso judicial con apertura de juicio oral y derivado de una causa de corrupción.

También prometen incorporar la obligatoriedad del cese de altos cargos encausados en un delito de corrupción en el momento de la apertura de juicio oral. Sus otras propuestas van en la línea de profundizar en lo que han hecho en esta legislatura, como reforzar la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos en materia de Corrupción, que Rajoy presentó en coincidencia con la disolución de las Cortes Generales; avanzar en el desarrollo de la Ley de Transparencia; o seguir mejorando la especialización de determinados juzgados en los delitos económicos y relacionados con la corrupción.

Entre lo más llamativo, una cuestión que queda pendiente de esta legislatura, porque ya entró en el debate público, la regulación de los lobbies y la puesta en marcha de un registro de lobbies o grupos de interés para identificar a todas las personas físicas o jurídicas que desarrollen estas actividades. El PP se hace eco, además, del malestar ciudadano con la política de indultos. En el Gobierno, su reacción fue anular los indultos para casos de corrupción. En el programa promete una mayor vinculación de los indultos a la política penal y penitenciaria del Gobierno, acompañándola de una rendición periódica de cuentas de los concedidos. En materia de subvenciones públicas, se «reforzará el control».

Terrorismo y yihadismo: más policías

El PP aprovecha su programa para reivindicar sus principios doctrinales en la lucha contra el terrorismo y reivindicar la memoria de las víctimas de ETA. Rajoy trabajará por establecer el Relato de la verdad histórica, ampliará las indemnizaciones de las víctimas, con independencia de que el atentado sea en España o en el extranjero, y creará un equipo multidisciplinar dirigido por un fiscal especial para la investigación de los atentados de ETA sin resolver.

En lo que afecta a la amenaza yihadista, colocan el acento en reforzar la estrategia de prevención de la radicalización con actuaciones en el ámbito policial, con más personal y más medios tecnológicos de los servicios de información policiales, y también en el área educativa y en la sensibilización social. El PP creará una sede del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo en Madrid para la memoria y reconocimiento de las víctimas del terrorismo yihadista. Interior ha estado trabajando en la revisión de la legislación para aumentar la eficacia en la persecución de esta amenaza global y que constantemente está variando sus ataques, como se ha visto en los atentados de París.

Para reforzar en líneas generales la seguridad prometen incrementar los recursos policiales mediante la reorganización de las plantillas de la Policía y de la Guardia Civil, y con el aumento de sus efectivos. Destinarán al menos 3.000 efectivos de la Policía y de la Guardia Civil que están ocupados en labores burocráticas y la custodia de edificios institucionales.