El PSOE colocó al juez López Guerra tras pactar con ETA derogar la «Parot»

Las actas de la banda, a las que ha tenido acceso LA RAZÓN, recogen que en septiembre de 2006 el Gobierno lo ofreció como parte de la negociación. Un año después, propusieron al entonces secretario de Estado de Justicia para el TEDH, donde siempre se ha pronunciado contra la medida.

Que el PSOE nunca ha dejado de negociar, con mayor o menor intensidad, con ETA, aun cuando estaba en la oposición, en una clara traición al Pacto Antiterrorista firmado con el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, es algo que nadie niega, porque actas y otro tipo de documentos así lo acreditan. Ni siquiera dejaron de hacerlo después del atentado contra uno de los aparcamientos de la Terminal 4 de Barajas, en diciembre del 2006.

Después, vino la supuesta «ruptura» y, cuando convino a las partes, la apertura de un nuevo «proceso», en el que, entre otras cosas, se les prometió a los terroristas la legalización de su brazo político (lo que se cumplió fielmente: Bildu, Amaiur y Sortu); medidas a favor de la excarcelación o acercamiento de los presos, y que se haría lo posible, según fuentes conocedoras del asunto, para lograr la derogación de la llamada «doctrina Parot», sobre la que se pronunciará el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en una sentencia que será conocida hoy.

En uno de los documentos que manejaban los negociadores del «proceso», al que ha tenido acceso LA RAZÓN, titulado «Cronograma» para establecer las distintas fases del mismo, se contemplaba, entre otras cosas que junto a «una declaración de ETA por un compromiso por la paz y desmilitarización» (que realizó ahora hace dos años), se producirían, entre otras cosas, «cambios en Política penitenciaria-Parot».

Pero la historia, en lo que se refiere a la «doctrina Parot», empieza hace ahora siete años. El Gobierno socialista negociaba con ETA en Oslo y las cosas no iban demasiado bien.

El 26 de septiembre de 2006, se incorpora a los contactos por primera vez, el que los pistoleros, según el acta redactada por ETA, denominan «GO4» (representante del Gobierno número cuatro) que, según fuentes antiterroristas, era José Manuel Gómez Benítez, catedrático de Derecho Penal y que dos años después sería nombrado, a propuesta del PSOE, miembro del Consejo General del Poder Judicial.

Según el acta, manifestó lo siguiente sobre la «doctrina Parot»: «Esperamos que el Tribunal Constitucional la declare inconstitucional. En este sentido, ya estamos hablando con los componentes del mismo». Toda una declaración de intenciones, que no se pudo cumplir, algo que enfureció a los terroristas con las consecuencias de todos conocidas: además del atentado contra la T-4, con dos personas muertas, los asesinatos que siguieron después de la ruptura temporal y «formal» de las negociaciones.

La promesa, sin embargo, quedaba encima de la mesa y estaba por medio el gran mentor de las negociaciones con ETA, Alfredo Pérez Rubalcaba. Como ministro del Interior, ordenó una dura política antiterrorista («habrá más de 200 detenciones», y las hubo, bastantes más), hasta que consideró que ya había «derrotado militarmente» a los pistoleros y se aprestó a iniciar el nuevo «proceso», más con fines electoralistas que otra cosa. Como intenta ahora, pretendía que Rajoy no contara con mayoría absoluta para gobernar. El «proceso» quedó abortado al ganar los comicios generales el PP por esa mayoría que el líder del PSOE trataba de evitar entonces gracias al «gran éxito» de haber logrado el fin de la banda . Nadie se lo creyó entonces, nadie se lo cree ahora.

Pérez Rubalcaba, al que nadie puede negar su tremenda habilidad como político y negociador, había previsto, según las citadas fuentes, además del de la presión sobre el Tribunal Constitucional (que no se pronunció y validó la «doctrina Parot» hasta marzo de 2012, ya con el PP en el poder), otros movimientos. Para ello, se echó mano de otro catedrático, en este caso de Derecho Constitucional, Luis López Guerra, que había sido secretario de Estado de Justicia entre 2004 y 2007, año en el que cesó para cubrir la vacante que dejaba un magistrado español en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. En concreto, López Guerra fue elegido juez del Tribunal en octubre de ese año, de entre los tres nombres propuestos por el Ejecutivo, y empezó a ejercer como tal en febrero de 2008. Que la «doctrina Parot» se presentara ante esta instancia judicial era cuestión de tiempo.

Llegado el momento, cuando hubo que fallar sobre el recurso que la etarra Inés del Río Prada presentó contra la aplicación de la «doctrina Parot», López Guerra que, como español, es conocedor del fenómeno de ETA en su conjunto, fue uno de los que formó parte del tribunal y votó a favor de la derogación y de dar la razón a la pistolera del «comando Madrid». Como firmantes del fallo, hecho público en julio de 2012, aparecen otros magistrados, a los que, al menos sobre el papel, hay que suponer un menor conocimiento del problema del terrorismo etarra, ya que procedían de Andorra, Rumanía, Armenia, Georgia, Eslovaquia y Holanda.

En el caso de que mañana el fallo de la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo sea favorable a Inés del Río, la promesa realizada en Oslo, en septiembre de 2006 (y reiterada durante el último «proceso»), se habrá cumplido. Las víctimas del terrorismo ya han subrayado lo terrible que sería una decisión en este sentido. Como dijo el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, al conocerse la sentencia que había contado con el voto favorable de López Guerra: «Demuestra, como mínimo, una falta de sensibilidad absolutamente lamentable, y me quedo ahí, porque puede haber algún miembro del tribunal que podía haber advertido». López Guerra ha sido también diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid, vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de 1996 a 2001 y, anteriormente, vicepresidente del Constitucional entre 1992 y 1995.