El secreto de sumario de los ERE tenía «íntima relación» con la Junta

La Razón
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¿A qué han respondido los seis meses de secreto en torno a los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos? Según el auto de la instructora del caso, Mercedes Alaya, por el que levantó el secreto de sumario el día 29, se pretendía que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil completase «diferentes diligencias de investigación». Entre ellas, según consta en el texto judicial al que ha tenido acceso LA RAZÓN, «el análisis de la documentación aportada por la representante legal de la Junta», al estimar que «guardaban íntima relación con el objeto de las diligencias policiales». Circunstancia ésta que, según Alaya, «ha sido reflejada en los numerosos atestados presentados», que recogen «la toma de numerosas manifestaciones de testigos e imputados». Con la denominada «Operación Heracles» se pretendía destapar la trama para blanquear el dinero obtenido de las sobrecomisiones pagadas por la Junta en los ERE. La Guardia Civil la cifró en 50 millones. Agentes de la UCO detuvieron a 22 personas. Para siete, la juez dictó prisión preventiva.

Uno de ellos, Antonio Albarracín, ex directivo de Vitalia, quedó ayer en libertad tras depositar 600.000 euros de fianza. La jueza Mercedes Alaya, a la hora de ordenar el ingreso en prisión de Albarracín, consideraba que el mismo «pagó» 4.291.384,10 euros a «los entornos» de los sindicatos UGT y CC OO procedentes de las «sobrecomisiones pactadas» con la Junta de Andalucía en relación a la gestión de las pólizas de prejubilación, entre otras cosas. Antonio Albarracín fue directivo de Vitalia Vida entre 1995 y 2011, toda vez que ésta era una de las empresas que realizaban cálculos y gestiones para las pólizas de seguro de rentas asociadas a los expedientes de regulación de empleo a cambio de las correspondientes comisiones. El cobro supuestamente abusivo de estas comisiones, según la investigación, habría sido el canal ideado por la trama para el siempre presunto aprovechamiento ilícito del dinero público, pues las comisiones que cobraban estas empresas consultoras eran financiadas también con cargo a la Junta de Andalucía.

Como consecuencia de estos hechos figuran actualmente como imputados el ex consejero de Empleo Antonio Fernández; el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero (de nuevo en prisión), los sucesores de este último en tal cargo, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera; el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá; el ex delegado provincial de la Consejería de Empleo en Sevilla; Antonio Rivas, el ex sindicalista de UGT Juan Lanzas (también en prisión) y los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce.