El TC no aplicará su potestad para suspender a Puigdemont

La mayoría de los magistrados asegura que el Constitucional «actuará resolviendo los recursos» y deja en manos de la Fiscalía las sanciones a los dirigentes catalanes. Aunque el fiscal presente una querella contra el president, no quedaría inhabilitado antes del referéndum.

Los independentistas catalanes continúan con el reloj adelante hacia el referéndum ilegal convocado en principio para el próximo 1 de octubre, dentro de apenas un mes. Las continuas llamadas desde no pocos sectores a respetar la legalidad y a, tal como ha reiterado en no pocas ocasiones el Tribunal Constitucional, encauzar esas aspiraciones a través de los mecanismos previstos en la propia Constitución, de la reforma de la misma, no parece que hayan hecho la más mínima mella en el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ni en quienes le secundan en ese desafío, especialmente los radicales de la CUP.

Ante esta tesitura se abre un doble panorama, paralelo pero convergente en su fin, que no es otro que el que se respete el ordenamiento jurídico vigente. Por un lado, las medidas que pueda acordar el Gobierno presidido por Mariano Rajoy y, por otro, las que pueda emprender la Justicia, tanto los servicios jurídicos del Estado –Abogacía del Estado– como Fiscalía y Tribunal Constitucional.

En lo que concierne al ámbito judicial, la Abogacía del Estado actuará tal como lo viene haciendo hasta ahora: presentación de recursos inmediatos contra todas aquellas normas o leyes aprobadas por el Parlament que incidan en el secesionismo y la consecuencia inmediata de que las mismas quedarán suspendidas ipso facto por el Tribunal Constitucional.

Pero quizás lo más relevante esté en manos de la Fiscalía. El propio fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ya anunció hace pocos meses que el Ministerio Público actuará «sin complejo ni exarcebación» para hacer respetar y cumplir la legalidad vigente. En este sentido, no es nada descabellado que la Fiscalía iniciase acciones penales contra todos aquellos miembros del Gobierno catalán y del Parlament que han sido advertidos por el Tribunal Constitucional de poder incurrir en responsabilidades penales si persisten en tramitar y/o aprobar cualquier ley que tienda a la «desconexión». Así lo hizo, por ejemplo, cuando el Alto Tribunal suspendió los presupuestos de la Generalitat en los que se dedicaba una partida para la celebración del referéndum ilegal; o más recientemente cuando admitió a trámite y dejó en suspenso la reforma exprés del Parlament que tenía como objetivo la celebración del citado referéndum. En ambos casos, las resoluciones fueron notificadas personalmente a los responsables de esas iniciativas, entre ellas la presidenta del Parlament y el presidente de la Generalitat, Carme Forcadell y Carles Puigdemont, respectivamente, a la vez que se les advertía de que podían incurrir en responsabilidades penales por desobediencia. Y es aquí precisamente donde, según fuentes jurídicas consultadas por este periódico, la Fiscalía tomaría carta en el asunto y no dudaría en presentar las correspondientes querellas contra esos responsables.

Sin embargo, esa iniciativa penal no conllevaría la inhabilitación inmediata de los afectados, ya que la misma sólo se puede llevar a cabo tras una sentencia condenatoria donde se establezca de forma expresa esa pena. Por tanto, de llegar a este extremo, tanto Forcacell como Puigdemont –y aquellos otros contra los que se dirigiera la acción penal– continuarían en sus cargos el 1 de octubre.

Ante esta tesitura, la única opción para llegar a la inhabilitación provisional de los mismos antes de la fecha anunciada para el referéndum estaría en manos del Tribunal Constitucional. La última reforma de la ley que regula su funcionamiento prevé que pueda adoptar de oficio esa medida cuando se constate una desobediencia persistente, previa solicitud de informe tanto a los afectados y de requerirles para que cesen en esa actitud.

Sin embargo, según las fuentes consultadas, el Alto Tribunal no está ni mucho menos, al menos en estas fechas, por la labor de aplicar ese precepto que le faculta su propia ley. «Actuará resolviendo los recursos que se presenten, pero todo lo demás corresponde la iniciativa a la Fiscalía», aseguraron las fuentes consultadas.

De hecho, el primer pleno ordinario del nuevo curso judicial del TC está fijado para los días 5, 6 y 7 de septiembre. La primera de esas sesiones coincidirá, precisamente, con la apertura del nuevo año judicial, acto solemne que preside Su Majestad el Rey. En ese Pleno se podría debatir ya la sentencia sobre la reforma que permitiría la «desconexión exprés» de Cataluña de España, reforma que está suspendida cautelarmente y donde el Alto Tribunal también advirtió a los dirigentes del Parlament y de la Generalitat, entre ellos Puigdemont, de las responsabilidades penales que podrían incurrir si no acataban la decisión.

De esta forma, el presidente catalán y demás advertidos continuarían en sus cargos en la fecha prevista para la celebración del referéndum ilegal. La suspensión cautelar, «por el tiempo preciso para asegurar la observancia de los pronunciamientos del tribunal», en sus cargos, sólo se produciría si lo acordara el Tribunal Constitucional. Sería la primera vez que el Alto Tribunal aplicara el precepto de su propia ley, pero incluso antes debería instar a los afectados a que cumpliesen lo estipulado en sus resoluciones. Pero, tal como se señalaba anteriormente, en estos momentos, una gran mayoría de magistrados del TC no está por la labor de llevar a cabo esa medida. Por tanto, salvo un giro inesperado en estos momentos, Puigdemont seguirá al frente de la Generalitat e impulsando el referéndum ilegal previsto para apenas dentro de un mes. Cuestión distinta es que el TC pueda acudir al Gobierno para que le «ayude» a que se cumplan sus resoluciones, lo que está igualmente previsto en la nueva ley que regula el mencionado tribunal. Pero, en este caso, la «patata caliente» estaría en manos del Ejecutivo.

Todo este panorama concluye en que difícilmente se podrá impedir que Puigdemont continúe al frente del Ejecutivo catalán y del desafío secesionista. Se suspenderán normas o leyes, se advertirá de nuevo a sus responsables y, al final, todo indica que corresponderá a la Fiscalía iniciar las acciones penales que, pasado un tiempo, pudiesen expulsar a esos dirigentes.