El Tribunal Constitucional suspende la ley antidesahucios del bipartito

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) suspendió ayer de forma cautelar la Ley andaluza de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda, conocida como antidesahucios, al admitir a trámite el recurso del Gobierno.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) suspendió ayer de forma cautelar la Ley andaluza de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda, conocida como antidesahucios, al admitir a trámite el recurso del Gobierno.

La ley andaluza recurrida fue aprobada el 1 de octubre y derogó el decreto-ley de Andalucía de abril sobre este mismo asunto y que ya fue objeto de otro recurso de inconstitucionalidad, que también supuso su suspensión cautelar. Desde que el Consejo de Ministros acordó, el 13 de diciembre, presentar un recurso ante el TC contra la ley, la Junta ha culminado dos expropiaciones de viviendas en Huelva y Torremolinos (Málaga) y ha iniciado otros 37 expedientes de expropiación en el BOJA, al tiempo que ultimaba otras 115 en las ocho provincias. La admisión a trámite del recurso no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del recurso, que el TC resolverá en próximas fechas. El Gobierno recurrió al considerar que la nueva ley reproducía en esencia el contenido del decreto anteriormente recurrido y, por ello, reiteró los motivos ya expuestos para adoptar de nuevo esta decisión. El Ejecutivo central entiende que la ley andaluza es inconstitucional por definir el contenido esencial del derecho de propiedad de la vivienda, utilizando para ello competencias de la comunidad en materia de vivienda y urbanismo. En la providencia dictada sobre la ley antidesahucios , el pleno del TC da traslado de su decisión a la Junta para que en 15 días se persone en el proceso y formule las alegaciones oportunas. Conforme a la legislación, ha dado también traslado de la demanda y de los documentos al Congreso, al Senado y al Parlamento de Andalucía.

La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, está preparando el informe para pedir al TC el levantamiento de la suspensión cautelar y anunció que solicitará a los juzgados donde se instruyen procedimientos de ejecución hipotecaria que no ejecuten los desahucios hasta que el TC no tome una decisión en firme. La consejera explicó que el Gobierno andaluz ya está preparando el informe para pedir el levantamiento de la medida del TC aplicando una artículo de la Constitución «por el que se suspende cautelarmente la norma sin entrar en el fondo». Cortés indicó que el TC tiene un plazo como máximo de cinco meses para levantar la suspensión cautelar, mientras que tiene «años» para decidir sobre el fondo. Cortés explicó que su petición se formula «en atención a dos elementos fundamentales», esto es, el hecho de que el recurso del Gobierno «provoca una desprotección máxima del derecho humano a la vivienda en Andalucía», y, por otro lado, que en Cataluña «opera una ley que permite sancionar a las viviendas deshabitadas y no pasa nada».

El portavoz de IU en el Parlamento, José Antonio Castro, advirtió de que «desde hoy el PP antiandaluz es el responsable de los desahucios que se produzcan en nuestra tierra». Por su parte, el secretario de Ordenación del Territorio y Vivienda del PSOE-A, Pedro Fernández Peñalver, lamentó profundamente la decisión del TC, por cuanto el PP «ha conseguido provisionalmente que sean los bancos los que salgan beneficiados frente a los ciudadanos, en un momento en el que estos más necesitan del amparo y protección de las administraciones públicas».