El Tribunal de Cuentas reclama a Guerrero más de 40 millones por los ERE

El Tribunal de Cuentas ha reclamado oficialmente al ex director general de Trabajo y Seguridad Social, organismo dependiente de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, desde 1999 hasta 2008, por el posible perjuicio causado a las arcas públicas en relación con el “caso de los ERE”.

El Tribunal de Cuentas ha reclamado oficialmente, en una liquidación que ahora mismo es provisional, algo más de 40 millones de euros a Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo y Seguridad Social, organismo dependiente de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, desde 1999 hasta 2008, por el posible perjuicio causado a las arcas públicas en relación con el “caso de los ERE”, según reconoció hoy su propio abogado, Fernando de Pablo, tras comparecer durante varias horas ante la instructora de este procedimiento en el órgano fiscalizador de las cuentas públicas. Además, a Juan Márquez, quien sustituyó en el cargo a Guerrero, también se le ha pedido la devolución de más de diez millones de euros.

El defensor de Guerrero rechazó el informe del Tribunal de Cuentas que le fue entregado, más de 60 folios, y, en todo caso, aseguró que esos hechos que se le imputan a su defendido “están prescritos”.

Preguntado sobre si esas posibles irregularidades contables, que es lo que investiga el órgano fiscalizador y si con ellas se causaron un perjuicio a las arcas públicas, eran conocidas por los altos cargos de la Junta, su respuesta no dejó lugar a dudas. “Claro, claro. Ellos -por los directores generales de trabajo- no son los hacen ni los abonos ni los que pagaban”.

Por ello, y ante la interpelación de, en su caso, dónde habría que buscar los responsables de esas supuestas irregularidades, De Pablo también apuntó a los responsables de la Junta, pero sin especificar cargos: “un poquito más arriba de los directores generales”.

Además de los directores, también compareció hoy ante el Tribunal de Cuentas el también ex director de trabajo Daniel Rivero, así como representantes legales de unas 40 empresas que recibieron subvenciones de la Junta en los expedientes de regulación de empleo y funcionarios de seis ayuntamientos.