El TSJC mantiene la inhabilitación de Artur Mas hasta febrero 2020 por el 9N

El TSJC ha acordado mantener la inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público a Artur Mas hasta el 21 de febrero de 2020, por organizar la consulta soberanista del 9N de 2014.

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha acordado mantener la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público al ex presidente de la Generalitat Artur Mas hasta el 21 de febrero de 2020, por organizar la consulta soberanista del 9N de 2014.

En un auto que se ha comunicado este miércoles, el TSJC también establece que se mantienen las penas de inhabilitación para cargo público impuestas a las ex conselleras Joana Ortega e Irene Rigau hasta el 19 de octubre y 19 de julio de este año 2019, respectivamente.

Las defensas de los tres políticos se mostraron en desacuerdo con las fechas que se tomaron para el inicio del cómputo de la pena y solicitaron que se abonara el tiempo transcurrido entre la fecha de la sentencia de primera instancia y la sentencia firme.

En la resolución conocida este miércoles la sala del TSJC alega que "no consta, ni alegan los condenados referidos, que cualquiera de ellos hubiere llegado a ser efectivamente calificado como inelegible en convocatorias electorales anunciadas durante el periodo de tiempo transcurrido entre la sentencia en primera instancia (13 de marzo de 2017) y la dictada en casación (23 de enero de 2019)".

Las posibilidades de que la pena se pudiera descontar durante este periodo "no responde a ninguno de los supuestos previstos en el artículo 58"del Código Penal, dado que, a pesar de tratarse de una pena privativa de derechos, "no consta que hubiese sido ordenada judicialmente limitación cautelar alguna de esos mismos derechos en el seno de este o de otro proceso penal", se precisa en el auto.

El TSJC condenó en marzo de 2017 a Mas a dos años de inhabilitación, a la ex vicepresidenta de la Generalitat y ex consellera de Gobernación consellera de Joana Ortega a un año y nueve meses y a la ex consellera de Educación Irene Rigau a un año y seis meses, si bien el Tribunal Supremo rebajó estas penas en enero de este año, al estimar parcialmente los recursos de las defensas.

De hecho, el Supremo había condenado, también en marzo de 2017, a un año y un mes de inhabilitación por el 9N al ex conseller de la Presidencia Francesc Homs, que fue juzgado en el alto tribunal porque entonces era diputado en el Congreso.

Efe