El grupo Tragsa, participado mayoritariamente por la SEPI (Ministerio de Hacienda), se encuentra en el punto de mira por el escándalo de Jesica, la expareja de José Luis Ábalos enchufada que cobraba sin ir a trabajar. Pero también por el correo que LA RAZÓN reveló el lunes en el que se ordenaba desde el Ministerio de Agricultura de Luis Planas que se contratara a dedo a una persona. Con todo ello, el malestar de los empleados se ha disparado en la etapa de Pedro Sánchez en La Moncloa, dado que la sensación que se extiende es que es una empresa pública que se ha convertido en una agencia de colocación para el PSOE. «Diría que el 80% de la plantilla está puesta a dedo», señala un empleado que prefiere guardar el anonimato por temor a las represalias y que denuncia, además, malos modos de los «enchufados» a la hora de dirigirse a los trabajadores.

Lo cierto es que las cifras de empleados ya dan buena cuenta de la evolución que ha tenido la empresa con la llegada de Sánchez y permite disparar las alarmas sobre los enchufes: ha pasado de tener 12.000 empleados (6.000 fijos y 6.000 temporales) en 2018, cuando el PP salió del Gobierno, a 26.000 en estos momentos. Y eso, según comentan fuentes que conocen bien la empresa, se ha producido porque es una empresa que es un «bombón» para «pagar favores» porque hay mucho movimiento en la contratación de personal, dado que se genera mucho empleo (sobre todo, temporal) porque el negocio de Tragsa está sobre todo orientado a recibir encargos de otras empresas. En el caso de la colocación de Jesica, se dio porque Adif encargó un proyecto a Tragsa y en ese proceso de selección se coló a la expareja de Ábalos durante seis meses.

Pero además de las acusaciones de «enchufismo», hay trabajadores que también denuncian los malos modos. En este sentido, en un mail al que ha tenido acceso LA RAZÓN, se puede comprobar el mal tono y las malas formas de un responsable de la empresa colocado a dedo dirigiéndose a un empleado recién contratado: «No sé lo que planteas»; «con esa argumentación tan pobremente expuesta (siendo generoso en varios sentidos en la apreciación)»; o «a estas horas me cuesta un soberano esfuerzo» (eran las 19:20 horas de un 20 de marzo). Con este tipo de expresiones, este responsable se dirige a un subordinado.

Y, según denuncian empleados consultados por LA RAZÓN, ese tipo de actitudes están muy generalizadas. «Son constantes las prácticas de enchufe, el maltrato psicológico a los trabajadores, diferencias de sueldo abismales y enchufes en puestos pese a que se asignan a personas que no tienen titulación debida, además de haber promociones dentro de un encargo temporal», señala otro trabajador. De hecho, sobre los sueldos, este mismo empleado señala que una persona con «igual responsabilidad cobra en un sitio una cosa y en otro un salario diferente, pese a que hacen exactamente lo mismo». «La única diferencia es que uno es ‘‘amigo de’’ y el otro, no», añade.

Si bien, el área más señalada dentro de la empresa que preside Jesús Casas parece que es la Gerencia de desarrollo rural y política forestal, que es la que contrató a Jesica y cuya exresponsable Caridad Martín fue cesada por ello. En estos momentos se encuentran a cargo de un proyecto del Ministerio de Hacienda sobre los fondos europeos y hay trabajadores que denuncian que «hay muchas personas cuya manera de entrar ha sido por amiguismo».

«Con 26.000 empleados y creciendo, es un nicho para contratar a amiguetes», señala otra fuente que conoce bien los entresijos del grupo público empresarial, que es propietario del 100% de Tragsatec. De hecho, según explica, los encargos han ido creciendo en paralelo y la actividad de la empresa se ha multiplicado, incluso con proyectos ligados a la reconstrucción de los territorios afectados por la DANA. Con el PSOE, el número de empleados se ha más que doblado, mientras que en la anterior etapa del PP, apenas creció la plantilla con tan solo 2.000 mil trabajadores más entre 2012 y 2018.

Y el caso de Jesica, parece que ha destapado un agujero de enchufismo por parte del PSOE, ya que, tal y como desveló LA RAZÓN el lunes, las contrataciones a dedo no solo estaban ordenadas desde el Ministerio de Transportes en la etapa de Ábalos (concluyó en 2021), sino que en febrero de 2024 también se solicitaban desde el Ministerio de Agricultura de Planas: así queda acreditado a través del correo publicado por este medio, donde un «jefe» de la Secretaría de Estado de Agricultura exigía tratar «con cariño» el currículum de un aspirante. Y, según trasladan algunas fuentes, ha habido más intentos de movimientos, pero en el último año, tras el estallido de Jesica, se han frenado por parte del presidente, Jesús Casas, por temor a acabar arrollado.

En este sentido, Casas y el director de la filial Tragsatec, Juan Pablo González, que comparecieron en el Senado en la Comisión de Investigación del «caso Koldo», no dudaron en sacudirse toda responsabilidad con el «caso Jesica». De hecho, González señaló a Adif y puso en el punto de mira a la expresidenta Isabel Pardo de Vera como máxima responsable del control de Jesica, porque sus funciones estaban asignadas a la presidencia de la compañía ferroviaria. Es más, González trasladó toda la responsabilidad del absentismo laboral a Adif porque era quien se encargaba de registrar las horas de trabajo de la expareja de Ábalos y también reveló cómo se suelen hacer los procesos de selección cuando hay encargos, donde la empresa contratante también puede influir.