Subida masiva de impuestos para pagar la fiesta electoral

Más tributos y más altos, más ingresos y más gasto sería la síntesis de los Presupuestos del Gobierno, que todavía no tiene garantías de sacar adelante.

Las «tres sopranos» del Gobierno, las ministras Calviño (Economía), Montero (Hacienda) y Celaá (Portavoz), repitieron ayer su actuación del 15 de octubre, cuando anunciaron el Plan Presupuestario para 2019, resultado del pacto alcanzado con Podemos. El Gobierno, con mínimos retoques, convirtió también ayer ese plan en proyecto de Presupuestos que presentará el lunes en el Congreso. Luego necesitará apoyos para tramitarlos y más tarde para aprobarlos. Todo depende de los independentistas catalanes.

Las cuentas esbozadas –los detalles, el día 14– por Calviño y Montero, introducidas por Celaá, llegan sobre todo con mensajes políticos, diseñados con objetivos electorales. «Son unos Presupuestos para huir de un pasado de blanco y negro», dijo Celaá, en referencia explícita a la irrupción de Vox y al pacto de Gobierno en Andalucía. «Amparan el diseño constitucional y se apartan del centralismo predemocrático», insistió la portavoz que, sin duda, se enredó al explicar que «pretenden redistribuir para crecer y crecer para redistribuir».

Los mensajes económicos quedaron para Calviño y Montero y tenían dos destinatarios: por una parte, la Comisión Europea y los mercados. Por otra, la posible clientela electoral socialista. A los primeros les explicaron que el Gobierno ha elaborado los Presupuestos con un criterio de «prudencia», que trabajará para conseguir la «consolidación fiscal» –reducción del déficit– y que respetará las indicaciones y criterios de estabilidad de la Unión Europea. A los posibles votantes les prometieron más gasto social, mas redistribución de la riqueza, combatir la desigualdad y recuperar la fortaleza de la clase media. Y también que todo eso lo pagarán con impuestos las grandes empresas y los más ricos, «el 0,1% de la población», como se preocupó de enfatizar la ministra María Jesús Montero, mientras hablaba de una fiscalidad justa y progresiva, «la fiscalidad del siglo XXI». Todo un programa electoral en unas pinceladas.

El proyecto de Presupuestos aprobado por el Gobierno se resume en más ingresos, más impuestos y más gastos. Prevé un récord de ingresos de 227.356 millones de euros, un 8,3% más que el año anterior. Espera obternerlos por el aumento de la actividad económica, pero sobre todo gracias a una masiva subida impositiva, que incluye nuevas figuras tributarias, alguna de las cuales las aprobará el Consejo de Ministros la semana que viene. Subirá el impuesto de Sociedades, sobre todo para las grandes empresas –las que facturan más de 20 millones de euros–, que tendrán un tipo mínimo del 15%, que será del 18% para los bancos y las empresas de hidrocarburos, y además verán reducidas las exenciones fiscales.

El IRPF subirá dos puntos para las rentas superiores a 130.000 euros anuales y cuatro para las de más de 300.000. Afecta sobre todo a empleados por cuenta ajena bien retribuidos. La tarifa del impuesto sobre el Patrimonio –un tributo erradicado en casi todo el mundo– aumentará un punto También pagarán mas IRPF los rendimientos de capital a partir de 140.000 euros. Además, el gasóleo subirá 3,8 céntimos por litro y también habrá retoques al alza de otros impuestos especiales, porque se espera que los ingresos por este concepto crezcan un 6,7%, que no se justifican sólo con incrementos del consumo. Por último, el Gobierno introducirá dos impuestos de nueva creación. Un impuesto a las transacciones financieras, que grava la compraventa de acciones de empresas españolas cotizadas con un valor de más de 1.000 millones de euros, aunque todo indica que estarían exentos los inversores extranjeros, lo que discriminaría –y castigaría– a los nacionales. La otra novedad, sería la llamada «Tasa Google» o impuesto sobre determinados servicios digitales.

Con todas esas medidas el Gobierno espera ingresar 5.564 millones que, unidos a otros 15.000 procedentes de la mejora de la actividad, supondrían 20.000 millones más para las arcas públicas. La AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) avala en principio las previsiones del Gobierno, que son previsiones, y no se puede obviar que la ministra de Economía ha vuelto a rebajar las expectativas de crecimiento de la economía al 2,2% del PIB, un crecimiento sólido, pero a la baja. Cualquier imprevisto puede complicarlo.

El Gobierno, sobre todo, apuesta por el llamado gasto social para convencer a los ciudadanos –votantes– de que España será un país mejor con sus cuentas. Por eso promete pensiones más dignas, reducción de la pobreza infantil, ayudas para acceso a la vivienda y un etcétera que la ministra Montero resume: «todos los epígrafes de gasto social aumentan». También el dinero dedicado al desempleo, que terminará 2019 en el 14% de la población activa, dos décimas menos de lo previsto hasta ahora. En resumen, el 57,3% del gasto público será gasto social, un porcentaja –apenas algo superior al que destinaba el PP a los mismos fines– con el que Pedro Sánchez espera cosechar votos suficientes en las próximas elecciones. Todo, claro, si logra aprobar los Presupuestos y no lo tiene asegurado.