España rechazará el acuerdo del «brexit» si no hay cambios sobre Gibraltar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado hoy que «España votará que no» al borrador del acuerdo del «brexit» si no se introducen aclaraciones sobre el estatus de Gibraltar.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado hoy que "España votará que no"al borrador del acuerdo del "brexit"si no se introducen aclaraciones sobre el estatus de Gibraltar.

Durante la inauguración del "Spain Summit"organizado por The Economist, Sánchez ha dicho que "desde hace 72 horas ningún documento aclara algo para nosotros fundamental: Gibraltar no pertenece al Reino Unido".

En su opinión, el Gobierno español no puede asumir que lo que vaya a pasar con Gibraltar dependa de las negociaciones británicas con la UE, ya que es algo que España debe negociar directamente con Reino Unido, informa Efe.

España reclama la modificación del artículo 184

Y es que España está dispuesta a dar la batalla. El Gobierno del presidente Pedro Sánchez no firmará el acuerdo de salida de Reino Unido del bloque comunitario si no se aclaran ciertos aspectos sobre el estatus del Peñón de Gibraltar. La delegación española (tanto en público como en privado) evitaba ayer hablar de «veto», pero el malestar es más que palpable. Es un problema de fondo y también de forma. Durante el pasado miércoles, en la reunión entre los embajadores de los Veintisiete con el equipo de negociador jefe, Michel Barnier, ninguno de los representantes de los Estados tuvo acceso al documento de 585 páginas negociado con Londres.

Después, cuando éste se hizo público, la delegación española descubrió por sorpresa el artículo 184 en el que se habla de la relación futura entre Bruselas y los Veintisiete, sin hacer ninguna mención expresa a la situación de Gibraltar y el veto de España a cualquier tipo de acuerdo. No es un problema de lo que se dice en el artículo, sino de lo que no se dice, lo que puede dar lugar a malas interpretaciones. Además, la delegación española no puede ocultar su irritación, ya que el texto de este artículo y el resto del acuerdo ya habían sido supervisado tanto por el Gabinete de Theresa May como por el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo. «Queremos que quede clara la interpretación de ese texto de que las negociaciones entre Reino Unido y la UE no se aplican a Gibraltar», aseguró ayer el ministro de Exteriores, Josep Borrell, tras exponerlo en la reunión de jefes de la diplomacia europea en Bruselas.

«Queremos tener todas las garantías. El jefe del servicio jurídico del Consejo se jubila el año que viene y puede llegar otro que interprete el mismo artículo de diferente manera», aseguran fuentes del Gobierno explicando el criterio de la abogacía del Estado. Precisamente, el actual jefe del servicio jurídico ha explicado a España que el texto actual ya es suficientemente claro. El Gobierno no piensa lo mismo y ha pedido la modificación de este artículo para que vuelva a quedar negro sobre blanco que las relación futura con el territorio de Gibraltar «solo podrá hacerse previo acuerdo con el Reino de España». Una afirmación que el anterior Ejecutivo español había introducido en todos los textos de directrices pactados entre las capitales europeas como mandato negociador al equipo de Michel Barnier.

Para que no queden dudas, España también pretende que este párrafo aparezca en la declaración política sobre la relación futura (sin valor jurídico) entre Reino Unido y los Veintisiete. En caso de que no sea posible introducir estos cambios en el artículo 184, España está abierta a una aclaración en forma de anexo.

Mientras el caos reina al otro lado del Canal de la Mancha, los Veintisiete siguen la senda ya trazada con el fin de aprobar el acuerdo este próximo domingo en una cumbre extraordinaria en Bruselas. Por eso, la máxima es tocar el borrador lo menos posible y, según explican fuentes diplomáticas a LA RAZÓN, «no abrir ninguna caja de Pandora», ya que «el acuerdo puede no ser perfecto, pero resulta muy equilibrado».

Según la delegación española, nuestro país ha realizado una «petición clarísima apoyada por bastantes capitales» y hay otros Estados que también han pedido este tipo de aclaraciones. El Gobierno espera obtener sus demandas en los próximos días, ya que «todavía hay todo el tiempo del mundo para hacer clarificaciones». Para poder aprobar el acuerdo de salida se necesita la aprobación en el Consejo por mayoría cualificada, lo que hace imposible que un solo país pueda vetar el acuerdo. A pesar de esto, resultaría impensable que el texto de máxima sensibilidad política llegara a aprobarse con la oposición de un Estado. De momento, España confía en no llegar a este escenario. «El veto de España, si lo hubiera, se decidirá no hoy sino justo antes o durante el Consejo Europeo».

Esta posición de fuerza por España llega justo en un momento en el que el Partido Popular ha arreciado sus críticas al considerar que el Gobierno de Pedro Sánchez ha desaprovechado la ocasión de reclamar la cosoberanía del Peñón. Una posibilidad arduamente defendida por el ex titular de Exteriores , el popular José Manuel García Margallo y que ya pasó a un segundo plano durante la etapa de su sucesor, el diplomático Alfonso Dastis. «Por fin nos hace caso y por fin toma en serio nuestras advertencias sobre su dejación de obligaciones y sobre su traición» a los intereses de España, aseguró ayer el líder del PP, Pablo Casado. Aunque la delegación española no ha renunciado a la cosoberanía, considera que las negociaciones del Brexit no son el marco adecuado para plantear esta cuestión sobre Gibraltar.

En la reunión de ayer, Barnier también propuso introducir el 2022 como límite temporal para extender el periodo de transición, establecido inicialmente hasta diciembre de 2020. Los Veintisiete quieren que solo se pueda pedir esta prórroga una sola vez, aunque todavía debe establecerse la fecha. España preferiría que esta extensión estuviera delimitada a solo un año y Barnier evitó ayer referirse a cifras concretas en la rueda de prensa ante los medios de comunicación. Reino Unido y los Veintisiete decidirán esta posible prórroga en julio de 2020, según el estado de las negociaciones sobre la relación futura entre ambas partes. «Es un periodo, sin duda, de estabilidad en el mercado único, pero de incertidumbre sobre lo que seguirá, y nadie está interesado en esa incertidumbre, ni en un lado ni el otro», explicó el negociador europeo.

En caso de que se decida no extender el periodo transitorio y si no se hubiera llegado a un acuerdo sobre el estatus futuro, se establecería una unión aduanera temporal en todo el territorio británico.