«Esto se ha acabado, Ángel. Hay que pedir la ilegalización ya»

«El 4 de agosto, ETA atentaba contra un cuartel de la Guardia Civil en Santa Pola (Alicante). Un coche bomba había asesinado a un hombre de 57 años y a Silvia, una niña de 6, hija de un guardia civil, que se encontraba jugando en casa. El atentado causó cuarenta heridos y más de doscientas cincuenta personas tuvieron que ser evacuadas.

Los terroristas habían puesto todas las condiciones para causar una masacre con unresultado aún más letal que el que habían conseguido. Lo que siguió nos reafirmó en lo inaceptable de seguir manteniendo en la legalidad a los que después del silencio se atrevieron a justificar semejante crimen, amenazar con más violencia y atribuir al Estado la responsabilidad de las atrocidades que ETA cometía.El entonces ministro del Interior, Ángel Acebes, recibió una instrucción precisa: "Esto se ha acabado, Ángel. Hay que pedir la ilegalización ya".

Asistí al funeral de la niña en Santa Pola. Al día siguiente, me desplacé a Palma, donde mantuve un largo despacho con el Rey, el primero de los dos que tenían lugar durante el mes de agosto. Hablé con el Rey en detalle de la situación creada por el atentado y las medidas que el Gobierno se proponía adoptar. Después del despacho, comparecí ante los medios en los jardines del Palacio de Marivent y afirmé literalmente: "No estoy dispuesto a que por más tiempo la basura que son los dirigentes de Batasuna sigan paseándose libremente, impunemente por las calles mientras los españoles tenemos que enterrar víctimas inocentes, niños incluidos".

Al vicepresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y los ministros de Interior y Justicia, Ángel Acebes y José María Michavila, correspondía poner en marcha el proceso. Requería un acuerdo parlamentario y la decisión posterior del Consejo de Ministros. Pero antes había que reunir y ordenar las pruebas que se debían presentar en la Sala Especial del Tribunal Supremo y redactar los escritos de la Fiscalía y de la Abogacía General del Estado que iniciarían el procedimiento de ilegalización. [...]

El 13 de agosto, se presentaba la propuesta de resolución que habría de votarse en el Congreso. El texto resumía los hechos más relevantes que mostraban la vinculación con ETA de Batasuna y sus antecedentes, la negativa a condenar el terrorismo, la concertación en una misma estrategia en la que la banda terrorista y sus organizaciones se repartían los papeles, y la sucesión de amenazas con las que Batasuna extendía la violencia y la coacción que ETA generaba en la sociedad y las instituciones.[...] La resolución en la que se solicitaba al Gobierno el inicio del procedimiento se aprobó con 295 votos a favor, 10 en contra y 29 abstenciones. [...] Unos meses después, el 21 de marzo de 2003, el Tribunal Supremo declaró ilegales a Batasuna, Herri Batasuna y Euskal Herritarrok.[...]

Hoy han vuelto a una legalidad refinando su engaño. No han condenado el terrorismo ni lo han rechazado. No han reconocido la injusticia del daño que han causado y que ellos justificaron y jalearon desde las instituciones. Los mismos que actuaron de transmisores y beneficiarios del terror que sembraba ETA quieren presentarse como pacificadores. Lo ha permitido una desgraciada sentencia del Tribunal Constitucional que revoca lo decidido por el Tribunal Supremo. El Estado de derecho ha demostrado que puede legítimamente actuar contra sus enemigos. No debemos olvidar que los cómplices de ETA lo siguen siendo. Aquí no hay excusa para el olvido».