Europa tendrá la última palabra

La proposición de ley de amnistía libra de cualquier responsabilidad a determinadas personas que habrían cometido ciertos delitos en un periodo que abarca, al menos, los últimos diez años, siempre y cuando dichos delitos se hubieran cometido para favorecer el movimiento independentista catalán. Se concede a algunos individuos un trato privilegiado con respecto a otros que hubieran cometido los mismos delitos, en el mismo periodo, pero de manera completamente desvinculada de aquel movimiento político.

Por ello, la propuesta incide directamente sobre el principio de igualdad (artículo 14 de la Constitución), al establecer una diferencia de trato basada tan solo en la intencionalidad política del autor al cometer el delito. Hemos de recordar que la posible diferencia de trato estaría justificada, según una conocida doctrina del Tribunal Constitucional, cuando persiga un fin constitucionalmente legítimo y resulte, además, proporcionada para lograr dicho objetivo.

En la Exposición de Motivos se hace referencia, como fundamento de su presentación, entre otras, al interés general. Sin embargo, el examen de su articulado no permite concluir que aquella finalidad constitucionalmente legítima se haya trasladado a la norma directamente aplicable, que no lo es la consabida exposición. No encontramos así verdadera justificación a la injerencia en el principio de igualdad.

Ahora bien, la amnistía no viene sola. En mayo de 2023, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea falló que los Estados deben adoptar las medidas necesarias para garantizar que tanto la acción de los tribunales como la de los órganos de control y fiscalización de la actividad de los jueces se lleven a cabo de forma imparcial e independiente de controles e influencias personales y del poder político. Sin embargo, tan solo unos meses después, PSOE y Junts suscribían un documento para facilitar la investidura del ya presidente del Gobierno, en el que se contienen referencias expresas a supuestos casos de "lawfare" y se contempla la creación de comisiones parlamentarias para investigar la actuación de los jueces, con las consecuencias que, en su caso, pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas.

Hace dos años, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria presentó en el Parlamento Europeo un informe en el que se advertía de la existencia de una estrategia de deslegitimación del Poder Judicial ejecutada por el Gobierno de España. El informe señalaba las intenciones de someter a influencia y control la independencia judicial, mermando el Estado de derecho y, con ello, la tutela judicial efectiva y la garantía de los derechos fundamentales. Y cómo también algunos partidos políticos empezaban a esgrimir el término "lawfare" para protegerse frente a decisiones del Poder Judicial contrarias a sus intereses.

La defensa del Estado de derecho es uno de los elementos esenciales que definen el proyecto europeo (artículo 2 del Tratado de la Unión Europea). Toda tentativa que ponga en riesgo la igualdad de derechos de los europeos y la independencia judicial son estudiados por la Comisión Europea y examinados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Por ejemplo, en el año 2019 el entonces Gobierno de Rumanía intentó aprobar un decreto de emergencia para facilitar una amnistía que despenalizaba algunas formas de corrupción (por ejemplo, falsificar el resultado de unas elecciones) y beneficiaba a algunos políticos condenados por este tipo de delitos, incluido el propio promotor de la ley. En este escenario, la Comisión Europea afirmó que el proyecto de ley en Rumanía era "un paso atrás en el Estado de Derecho". Esta intervención comunitaria provocó la celebración de un referéndum en Rumanía que respaldó, con un 80% de los votos, una reforma constitucional que impedía llevar a cabo la regulación de la amnistía que proponía el Ejecutivo rumano.

Los procesos continúan, y con unas reglas comunitarias. La amnistía no finalizará en el Tribunal Constitucional porque Europa tendrá la última palabra.

Sergio Oliva Parrilla es magistrado y portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV)