Ferraz exige por burofax a Sánchez que abandone el «crowdfunding»

Advierte de que las donaciones anónimas de este sistema incurren en financiación ilegal.

El pulso entre la gestora y la candidatura de Pedro Sánchez a cuenta de la financiación de su campaña continúa. La reunión que mantuvieron el martes en la sede federal acabó sin acuerdo, ante la negativa del equipo del ex líder a abandonar el «crowdfunding» –hasta que se convoquen formalmente las primarias– y a asumir el sistema unificado que propone Ferraz para todos los aspirantes. Esta postura obligó ayer a la dirección interina a redoblar la presión y dejar constancia legal y escrita de su exigencia ante posibles acciones futuras. A través de un burofax, se reiteró a las tres candidaturas cuáles son los mecanismos legales para la financiación de sus actividades, apoyados en un informe jurídico que también se expuso en la reunión del martes. La notificación persigue, con un carácter más formal, el mismo objetivo que la comunicación precedente que se realizó hace una semana para que los candidatos se adhieran cuanto antes al sistema de financiación que propone la gestora y que no es otro que centralizar la recogida de fondos a través de dos cuentas por aspirante, vinculadas al PSOE en las que se puedan fiscalizar los ingresos y los gastos de cada uno. Las candidaturas de Susana Díaz y Patxi López aceptaron el sistema, pero la de Sánchez se resiste a abandonar su sistema de micromecenazgo y al cierre de esta edición reconocían a LA RAZÓN no haber recibido comunicación alguna.

La gestora del PSOE se apoya en un informe jurídico elaborado por el catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) Diego Martín-Barnuevo Fabo en el que se advierte sobre las posibles sanciones que puede acarrear para el PSOE que uno de los candidatos mantenga un sistema de financiación opaco como el «crowdfunding». En 32 páginas, Martín-Barnuevo alerta de que la iniciativa de Sánchez incumpliría la Ley de Financiación de Partidos Políticos y que pueden incurrir en un ilícito penal quienes «participen en estructuras u organizaciones, cualquiera que sea su naturaleza» cuya finalidad sea financiar a un partido político al margen de la citada ley. Ferraz considera que cualquier sistema de financiación que esté vinculado a la elección del secretario general lo está también al PSOE y que, por tanto, debe ser controlado por la dirección, para –posteriormente– dar traslado del mismo al Tribunal de Cuentas. En la propia plataforma del ex líder socialista se deja constancia de que «la iniciativa está organizada por Bancal de Rosas, una plataforma sin ánimo de lucro de apoyo a la candidatura de Pedro Sánchez a las primarias del PSOE».

La Ley de Financiación de Partidos también prohíbe las donaciones anónimas y, ante la imposibilidad de comprobar la identidad de los donantes de Sánchez, Ferraz considera que los ingresos de su plataforma se encuadran en la ilegalidad. Por ello, en la reunión del martes en Ferraz, la gestora pidió al equipo del ex secretario general que facilitase la identidad de sus benefactores, pero estos –a su vez– se acogieron a la Ley de Protección de Datos para evitar facilitarlos.

Los pedristas apelan ahora a la existencia de un «vacío legal» que no se había producido nunca hasta ahora y para el que, sostienen, el «crowdfunding» es el mejor sistema. Y lo justifican con dos informes que también llevaron a la reunión de este martes. «Quieren controlar las cuentas de quienes todavía no somos candidatos a las primarias», señalan. La situación se enrevesó en las últimas horas, ya que tras el encuentro en Ferraz el equipo de Sánchez pidió la documentación jurídica que esgrimió la gestora para «estudiarla» con detenimiento y ofrecer una respuesta «constructiva y en positiva». Según estas fuentes, la sensación que se llevaron los representantes de la dirección federal es que habría un «acuerdo inminente». Sin embargo, ayer la coordinadora de la campaña de Sánchez, la diputada Adriana Lastra, aseguró que mantendrán este sistema, porque tienen un «compromiso político y legal» con los donantes que han querido aportar para la campaña de Pedro Sánchez.