La Fiscalía Provincial de Barcelona ha anunciado que interpondrá recurso contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por la que se absolvió a Dani Alves de un delito de agresión sexual. El Ministerio Público comunica que recurre el fallo por infracción de precepto constitucional y por infracción de ley. El recurso se anuncia ante la Sección de Apelaciones del TSJC, abriendo la puerta a que el Tribunal Supremo pronuncie la última palabra sobre el caso.

La Fiscalía actúa cinco días después de conocerse el fallo del TSJC, que revocó la condena a cuatro años y medios del futbolista brasileño por los hechos ocurridos el 30 de diciembre de 2022 en la discoteca Sutton de Barcelona. El tribunal, de manera unánime, entendió que de la prueba practicada no se podía concluir que se hubieran superado los estándares que exigen la presunción de inocencia.

En un fallo de 101 páginas argumentaron que las sentencias condenatorias exigen un "canon reforzado de motivación" y que no podía prevalecer el relato de la víctima. "Lo que hay que evaluar respecto del testimonio en sí para determinar su fiabilidad, es su veracidad, es decir, la correspondencia entre lo que el testimonio contiene y aquello que ha ocurrido efectivamente, y ello solo es posible si se cuenta con elementos objetivos que permitan dicha determinación", expuso el TSJC.

El "caso Alves", al Supremo

Del mismo modo, la sentencia expuso que la versión de la víctima "no se corresponde con la realidad" y que difería "notablemente" de lo acontecido aquella madrugada. "Podemos compartir con la Sala de instancia que, la constatación de la inveracidad del relato de la denunciante en una parte de los hechos, no determine de modo automático y sin mayor análisis descartar toda su declaración. Pero no puede obviarse, como hemos apuntado, que esa inveracidad incide significativamente en la fiabilidad de las informaciones que la testigo aporta" concluyen.

El recurso de la Fiscalía y el que también interpondrá la acusación particular hace que el asunto acabe en la Sala Segunda del alto tribunal. A falta de que se pronuncie, la sentencia, que corrige los principales extremos acordados por el fallo de la Audiencia Provincial de Barcelona, propició que la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, denunciara que la presunción de inocencia no puede anteponerse al relato de la víctima.

Aunque este martes corrigió su alegato, las palabras pronunciadas provocaron la reacción de todas las asociaciones de jueces y fiscales (conservadoras y progresistas) que avisaron en un comunicado conjunto que la presunción de inocencia es un derecho fundamental y pilar básicos de un Estado de Derecho. Del mismo modo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emitió este martes un comunicado, también unánime, en el que pedía responsabilidad a los políticos, ante la imagen que ofrece el Gobierno del Poder Judicial.

Fuentes de la judicatura consultadas por este medio explican que estas declaraciones pronunciadas durante un acto del PSOE el sábado, forman parte de una deriva "muy peligrosa" iniciada hace unos años desde el Ejecutivo para tratar de socavar la confianza de los ciudadanos en los jueces.