Ya te fiscalizo yo a ti, mejor

Lo de Lamine Yamal tiene mala pinta. Ya hemos visto a otros astros quedarse a la mitad del camino así, huérfanos de nadie que ejerza la guía indispensable para que no pierda la cabeza un adolescente que puede materializar cualquier deseo con sólo chasquear los dedos. Lo que fuimos sabiendo de la fiesta de su 18 cumpleaños parecía el temario completo de todo futbolista que oposite a juguete roto.

Por no hablar de las indumentarias. El «dress code» decía «mafia» y por ahí todos parecían figurantes de El precio del poder. Imagino que ya habrá académicos preparando artículos científicos sobre la influencia estética que los grupos criminales están ejerciendo cada vez más sobre el conjunto de la sociedad.

Estos comentarios se pueden verter aquí, en un texto del periódico. O con los amigos en el bar. Son esas cosas que dan color a la conversación pública. Más allá de distancia sideral de ceros en la cuenta corriente, es un debate entre iguales.

Lo que resulta más chirriante es que forme parte de la agenda del Gobierno.

El ministerio de Derechos Sociales ha pedido explicaciones a Fiscalía, al Defensor del Pueblo y a la Oficina de Delitos de Odio por la participación en el citado festejo, a modo de animación, de personas con acondroplasia. (Súmense unas gotas de El lobo de Wall Street a la anterior referencia cinematográfica).

El hecho en sí puede deberse a una actuación de oficio de acuerdo a la legalidad vigente. Lo preocupante es la rapidez con la que se hizo saber que esto había sido así. Allí donde aparezca un ciudadano particular en apuros de reputación ante la opinión pública, irrumpirá con brío el Ejecutivo para hacer bueno el chiste de Gila y sumarse a la turba linchadora.

De este modo, el delantero del Barça pasa a ser un eslabón más de una cadena a la que ya pertenecían, entre otros, Ana Obregón o los residentes del Colegio Mayor Elías Arauja. Individuos anónimos o famosos, pero sin cargo público alguno que los convierta en representantes del pueblo español ante el que deban rendir cuentas. Esta fiscalización inversa ha sido toda una marca de fábrica de esta etapa política. Quizá por aquello de la acumulación de tareas pendientes, no ha sido un aspecto que haya gozado de demasiado foco público.

El desparpajo es más notable si atendemos a las circunstancias. De momento, ningún informe de la UCO ha puesto la acondroplasia encima de la mesa. Pero dado que otro el principal motivo de controversia del aniversario no ha sido ese sino la presencia de las llamadas «chicas de imagen», habría sido recomendable mucha mayor discreción en cualquier reproche por parte de la administración actual, en cuya órbita se han movido fiesteros de mayor rango que, encima, no tenían a mano la excusa de la inconsciencia de los dieciocho años recién cumplidos.

La confusión se extiende incluso a aquellos que, al menos formalmente, nunca han tomado parte de los distintos Ejecutivos nombrados por Pedro Sánchez durante estos siete años. Véase el exdirigente de Podemos Ramón Espinar. Compareció muy airado en las redes sociales por lo que consideraba una diferencia de trato periodístico entre Yamal y José Luis Ábalos.

«Es increíble cómo el mismo medio de comunicación trata la prostitución cuando el presunto putero es Ábalos o cuando el presunto putero es Lamine Yamal. Es hipocresía de sacristán franquista que no conseguimos sacudirnos».

Ni siquiera serían necesarias las derivadas de con qué fondos se habrían pagado los servicios o las colocaciones en empresas públicas. (Aunque no dejan de tener una cierta rotundidad como argumentos). Que no se caiga en la cuenta de la inoportunidad de la comparación lo dice todo sobre la atrofia que estamos experimentando durante este tiempo.

Cristóbal Montoro sí fue un representante público. En las circunstancias actuales, es políticamente comprensible que el Gobierno haya salido en tromba con el asunto. Lo que es más llamativo es el énfasis en el comentario de texto periodístico sobre el tratamiento. En el momento de escribir estas líneas, el ministro de Transportes lleva escritos nueve tuits de su puño y letra. (Hemos excluido del contador los numerosos retuits que también se lanzan desde su cuenta). En ellos reprocha a las cabeceras el número de páginas en el que informan del asunto. Otra vez la brújula de la fiscalización averiada.

Mientras, la cuenta oficial del tercer partido político de España llama «sicario» a un redactor por discrepar de un enfoque. Somos muy antiguos y se nos hace raro que sean los políticos los que critiquen a los periodistas y no al revés. Pero, si van a hacerlo, convendría que no utilizaran términos que ningún director consentiría en un editorial de su cabecera.

De modo que se acabó eso de que los representantes públicos experimenten temor por la reprobación del contribuyente. Hoy somos nosotros los que debemos andar con ojo para no terminar en el orden del día del Consejo de Ministros.