Francisco Javier Orduña: «No hay nada de indecente, de indecoroso o de inmoral en los magistrados que ejercen sus funciones»

La transparencia, como todo valor, debe proyectarse en hechos «y no en meras autoproclamaciones», subraya el exmagistrado del Tribunal Supremo, Francisco Javier Orduña. Pero en ocasiones, el debate político, suele estar impregnado de claroscuros, de acusaciones difusas y ambigüedades. Uno de los últimos ejemplos fueron las acusaciones de la portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Miriam Nogueras, que calificó de “indecentes” a varios magistrados. También cuando se atribuyó al Poder Judicial unas supuestas prácticas de «lawfare» en el pacto firmado entre el partido independentista y PSOE para sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez, un acuerdo en el que se comprometía la aprobación de una ley de amnistía hoy en tramitación y que se desarrolló con secretismo.

En este contexto, el catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Valencia, que también dirige los Institutos Jurídicos de los Colegios de la Abogacía de Barcelona, Madrid y Málaga, habla de la transparencia como valor del cambio social y de dejar de lado las descalificaciones públicas e infundadas. Si hay pruebas de alguna conducta reprochable, advierte, se debe acudir a los tribunales. Y también alerta de los riesgos de que se desconecte el Derecho de la actividad política.

¿Cómo ve la política actual y su relación con el Derecho?

En general, la veo con preocupación. Se están produciendo algunas disfunciones en lo que entendemos, o deberíamos entender, como progreso jurídico, especialmente cuando se parte del cuestionamiento de su propia base o unidad conceptual, cuando se trata de justificar la política y el Derecho como realidades diametralmente distintas, como elementos conceptuales o lógicos con objetivos diferentes; que lo que vale para el Derecho, no tiene por qué valer para la política y viceversa.

¿Cuáles son las consecuencias de esta separación?

La ciudadanía debe saber que este planteamiento es una impostura, una clara falacia que conduce a una significativa regresión social. Nuestra Constitución en su artículo primero, en línea con los Tratados de la Unión Europea, sustenta el Estado social y democrático que se autoproclama precisamente con base en los valores y principios que le aporta el Derecho que, a su vez, son comunes a todos los poderes públicos y sujetos constitucionales. Fuera de ellos, la política pierde su razón y sentido de palanca para el progreso social, para convertirse en un mero instrumento de consecución o conservación del poder entendido como un fin en sí mismo. La política sin el Derecho, sin los valores y principios para servir a la sociedad, sencillamente deja de ser política. Desde Aristóteles, Maquiavelo hasta nuestro gran Baltasar Gracián, sabemos que la proclama de que “el fin justifica los medios” solo ha comportado lamentables aberraciones y retrocesos para la humanidad, convirtiendo a la política en un mero ejercicio de engaño y de fuerza contra el pueblo. En la actualidad, la política debería reafirmarse en los postulados axiológicos que le brinda el Derecho y hacerlos valer en cada una de sus manifestaciones.

¿Por qué no es transparente la política española?

El valor de la transparencia, concordante con el ideal de progreso jurídico que he mencionado, es en la actualidad un valor transversal que implementa y mejora nuestro Estado social y democrático, especialmente en la aplicación material de principios fundacionales, como la igualdad y la libertad, y en la prevención de abusos de poder o de posición. Al ser un valor transversal, implica a todos los sujetos constitucionales, particularmente a los partidos políticos que, en el orden constitucional, adquieren una gran relevancia. Precisamente por ello, los partidos políticos deberían ser los más interesados en adaptar sus estructuras de organización, gestión y toma de decisiones a la transparencia. Es uno de los valores políticos más demandados por la ciudadanía, que no se conforma con ser un sujeto pasivo destinatario de decisiones políticas; por el contrario, reclama un papel más crítico y participativo. La ciudadanía se interesa por la transparencia de los posibles acuerdos y toma de decisiones políticas que le van a afectar.

La inseguridad jurídica que ha acompañado a la ley de amnistía se va a intensificar

¿Cómo deberían plasmarla los partidos políticos?

Si la transparencia es sinónimo de autenticidad social, los partidos políticos, a través de sus líderes, deberían ofrecer a la ciudadanía auténticos compromisos de transparencia que generen responsabilidad política en caso de incumplimiento, como una fórmula de implementación ética de sus compromisos con la sociedad. Políticamente también se debería fortalecer el principio jurídico de la lealtad a la palabra dada, expresión de la política en mayúsculas.

La «palabra dada» choca con la disciplina de voto...

El instrumento sancionador que se deriva de la disciplina de voto de los partidos políticos representa otra clara regresión de la transparencia. No solo cercena el necesario debate político, sino que imposibilita que el diputado discrepante pueda mantener las posiciones y convicciones por las que se presentó o fue elegido, es decir, su compromiso prioritario con los valores de su formación o de la ciudadanía que le votó.

En el Congreso se ha llamado «indecentes» a varios jueces, ¿qué le parece?

Los magistrados señalados por la señora Miriam Nogueras, al margen de ser excompañeros míos, son servidores públicos que se deben al impero de la Ley y a su aplicación con plena independencia judicial, por lo que no hay nada de indecente, de indecoroso o de inmoral en los magistrados que ejercen sus funciones, las que definen nuestro Estado de derecho y la necesaria separación de poderes. La señora Nogueras, como sujeto activo de nuestro Estado de derecho del que participa y se beneficia, sabe que ese mismo Estado de derecho, y no otro, le permite denunciar y presentar las pruebas en las que pueda justificar que un determinado magistrado ha prevaricado, dictando a sabiendas una sentencia por motivos espurios y no jurídicos.

Nogueras sabe que el Estado de derecho, del que se beneficia, le permite denunciar y presentar pruebas

¿Hay «lawfare» en España?

Fuera de los hipotéticos casos de prevaricación por motivaciones ideológicas o políticas, si los hubiera, no existe «lawfare» o ejercicio arbitrario de la función judicial, sino el funcionamiento normal de nuestro Estado de derecho, que cuenta con procedimientos reglados, plenamente garantistas. Por lo que hubiese sido «decente», tanto en su acepción ética como de prudencia, que la señora Nogueras, previamente a la descalificación pública que realizó en las Cortes, hubiera presentado las pertinentes pruebas de la misma en el correspondiente procedimiento penal que le brinda ese mismo Estado de Derecho que ella cuestiona.

¿Ha habido transparencia en el juicio del «procés»?

La ciudadanía debe recordar que el presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo, el señor Manuel Marchena, fue muy «decente» en relación con el valor de la transparencia, al permitir la retransmisión íntegra del juicio contra las personas encausadas en el «procés», en donde todos pudimos observar y apreciar, desde su inicio, cómo dichos encausados hicieron valer sus derechos y garantías procesales.

¿Qué consecuencias tendrá la futura ley de amnistía?

Habrá que esperar a ver cómo queda el texto definitivo de la norma, que puede ser objeto de diferentes enmiendas. No obstante, opino que la situación de inseguridad jurídica que ha acompañado a esta iniciativa desde que fue anunciada, lejos de disminuir, se va a intensificar y prolongar en el tiempo. La razón es que, muy probablemente, su posible juicio de validez vaya a comprometer a diversos órdenes competenciales: por una parte, a nuestro Tribunal Constitucional (TC), y por la otra, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Cada tribunal, con sus propios tiempos de decisión. A su vez, el alcance de sus respectivas resoluciones puede que no sea coincidente, lo que puede dar lugar a diferentes hipótesis, a posibles resultados contradictorios acerca de la validez y eficacia de alguno de los elementos normativos de la futura ley. Todo ello sin contar con el efecto suspensivo de la aplicación de la norma, que necesariamente acompaña el desarrollo de estos recursos, y sin descartar alguna decisión que pueda adoptar la Comisión Europea al respecto.

Quienes la defienden, aseguran que pacificará Cataluña...

No creo que la promulgación de esta norma sea determinante para la consecución de la «paz social» como auténtica finalidad o bien jurídico perseguido. La razón es clara y notoria: los propios beneficiarios de la amnistía, de un modo transparente, han declarado que no renuncian al ejercicio unilateral de su pretendido derecho de autodeterminación, con lo que la norma nacerá con una eficacia claudicante, si se quiere, transitoria o incidental respecto del problema que pretende resolver. Su posible aplicación no comportará una «paz social», sino un mero impás que profundizará en la inseguridad jurídica que, parece ser, va a caracterizar el presente contexto político.

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Transparencia más allá de la política

Los ciudadanos deben exigir que se cumpla con ciertos estándares de transparencia no solo en política, también en el ámbito empresarial, tecnológico y económico, subraya el exmagistrado del Tribunal Supremo. Francisco Javier Orduña dirige actualmente los Institutos Jurídicos de los Colegios de la Abogacía de Barcelona, Madrid y Málaga, desde donde se están impulsando múltiples proyectos. Actualmente, están desarrollando una nueva propuesta de Ley de Condiciones Generales de la Contratación, que esté a la altura del Derecho de la Unión Europea y avanzan en el planteamiento de futuros códigos de gobernanza de datos y en protocolos para ofrecer mayor claridad en los procesos de comercialización y venta de productos. Orduña está convencido de que la regulación para mejorar los estándares de transparencia contribuye a mejorar la calidad democrática, de ahí el impulso de estas normativas.