Fuga de Puigdemont: la magistrada de Barcelona ve "necesario" ampliar la investigación a tres mossos

La magistrada de Barcelona que investiga por encubrimiento a tres mossos por haber ayudado supuestamente a Carles Puigdemont a huir de España y burlar la orden de detención del Tribunal Supremo (TS) en agosto del pasado año seguirá adelante con la instrucción al menos seis meses más.

Así lo ha acordado María Antonia Coscollola -a instancias de la acusación popular que ejerce hazte Oír y en contra de la defensa de los imputados- en una resolución, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, en la que justifica la medida en que "faltan por practicar diligencias de investigación ya acordadas" (en septiembre deben testificar dos agentes que examinaron las imágenes grabadas por las cámaras de la zona donde el expresident asistió a un acto independentista en Barcelona el 8 de agosto coincidiendo con la sesión de investidura del Parlament), de las que además pueden derivarse otras nuevas.

Esas testificales, explica la titular del Juzgado de Instrucción número 24 de la ciudad condal, no se ha podido celebrar antes -explica- "por los propios términos de lo acordado y por razones de agenda del juzgado".

De ahí que concluya que existen razones que "justifican" la prórroga de la investigación seis meses más (el próximo 9 de agosto se cumple un año de la apertura de la causa), lo que ampliará ese plazo hasta el 9 de febrero de 2026.

Y es que el próximo 29 de septiembre, como informó este periódico, la magistrada tomará declaración a los dos mossos que firmaron los informes sobre el análisis de las imágenes grabadas por cámaras de distintos establecimientos (aparcamientos y comercios) en la zona próxima al Arco del Triunfo, donde Puigdemont participó en el mitin independentista.

Los mossos, contra una investigación "prospectiva"

La instructora toma esta decisión en contra del criterio de la defensa de los tres mossos investigados, que le instó a cerrar la instrucción ante lo que considera una evidente falta de indicios delictivos y para evitar convertir la investigación en "un mecanismo de presión institucional" o en una vía de "promoción mediática".

Los abogados de Jordi Rodrigo, Xavier Manso y David Goicoechea expusieron en ese escrito que prolongar la tramitación del procedimiento "carece de toda justificación jurídica, lógica o constitucional". Los letrados Isabel Elbal y Gonzalo Boye se quejaron de que acordar la medida -como así ha sucedido finalmente- suponía "convertir la instrucción en una indagación genérica y arbitraria, incompatible con un proceso penal de tintes constitucionales".

Por contra, Hazte Oír se posicionó -al igual que hizo la Fiscalía- a favor de la prórroga porque la instrucción, avisó su letrado, Javier María Pérez-Roldán, "aún no ha finalizado". A mayor abundamiento, añadía, de sus testimonios (en principio están llamados únicamente para ratificar sus informes) "puede desprenderse la necesidad de practicar nuevas diligencias de prueba".

Y aunque no tiene carácter suspensivo, la acusación popular recordaba que ha recurrido ante la Audiencia de Barcelona la negativa de la juez a llamar a declarar, entre otros, al expresidente de la Generalitat Pere Aragonès y al presidente del Parlament, Josep Rull.

Sin embargo, la defensa de los tres agentes -que también se opuso a esas declaraciones- sostiene que "no hay indicios racionales de criminalidad ni posibilidad real de atribuir responsabilidad penal a persona alguna" a raíz de los hechos investigados, por lo que seguir adelante con el procedimiento "sin un horizonte incriminatorio mínimamente consistente" solo conduce a una "indagación prospectiva".

"Una vez agotadas las diligencias necesarias y descartada la existencia de delito, el procedimiento debe concluir", exponían los letrados de los tres mossos, que llamaban la atención sobre las repercusiones para los agentes de la "prolongación infundada del estado de sospecha" que extiende sobre ellos la actuación judicial, repercusiones que centraba en "su reputación" y en su "estabilidad profesional y emocional", lo que consideran que acarrea "efectos devastadores" sobre sus derechos fundamentales.