"Entramos con miedo y salimos con heridas”, confiesa un funcionario. Las agresiones a trabajadores penitenciarios no paran de crecer mientras el sistema carcelario se enfrenta a una crisis silenciosa. Y es que cada 20 horas se produce una agresión a un trabajador de prisiones en España. La cifra, que se traduce en más de 400 incidentes violentos al año, refleja una realidad cada vez más grave en los centros penitenciarios del país, donde la seguridad de los profesionales está en entredicho.

Desde CSIF, el sindicato mayoritario en el ámbito de la función pública, advierten de que «la política del falso buenismo de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias está aumentando la peligrosidad en las cárceles». Aseguran que las agresiones no dejan de crecer y que los últimos datos sobre decomisos refuerzan esa percepción de deterioro progresivo en estos centros.

En lo que va de año, se han intervenido miles de objetos prohibidos dentro de los centros penitenciarios, entre ellos pinchos carceleros, teléfonos móviles y sustancias estupefacientes. Este tipo de materiales, muchas veces fabricados de forma artesanal por los propios internos, suponen una amenaza directa tanto para el personal como para otros reclusos.

1.327 armas caseras

Según los últimos datos disponibles, durante el último año se han incautado de un total de 1.327 pinchos artesanales –armas blancas de fabricación casera– en diversas prisiones de todo el país. Estas armas rudimentarias, elaboradas con cepillos de dientes afilados, piezas de metal o bolígrafos modificados, representan un riesgo constante para los funcionarios a los que intentan coger cuando menos se lo esperan.

Entre las cárceles con mayor número de incautaciones destaca el centro penitenciario de Huelva, con 97 pinchos requisados, seguido por Dueñas (Moraleja), con 82. También figuran entre las más conflictivas Murcia II (59), Topas (Salamanca, 54) y Córdoba (51). En el extremo opuesto, hay prisiones con una presencia mínima de estas armas, como Ávila, Santa Cruz de La Palma, CIS Tenerife o el Psiquiátrico Penitenciario de Alicante, donde solo se ha requisado un objeto de este tipo.

Otras prisiones con cifras destacadas son Algeciras (50), León y Zuera (Zaragoza), ambas con 43, y Madrid VII-Estremera con 42, lo que indica que el problema no se concentra en una región concreta, sino que se extiende por todo el territorio nacional.

Estas cifras evidencian no solo el ingenio de algunos internos para la fabricación de armas, sino también los desafíos que enfrenta la administración penitenciaria en materia de prevención de la violencia, seguridad interior y dotación de recursos humanos y materiales. «Los datos sobre decomisos de objetos prohibidos no dejan de aumentar, corroborando el aumento de la peligrosidad para los trabajadores», denuncian los funcionarios de prisiones de CSIF.

Además de las agresiones físicas, los sindicatos alertan también del aumento de las amenazas, coacciones y situaciones de tensión que no siempre se registran como agresiones, pero que afectan de forma directa al clima laboral en prisión. Por ello, CSIF exige medidas urgentes, entre ellas el refuerzo de plantillas, la mejora de los protocolos de seguridad y el reconocimiento legal de los funcionarios como agentes de la autoridad, una antigua reivindicación del colectivo.

Desde los sindicatos penitenciarios se viene reclamando también una mejora de las condiciones laborales y una mayor inversión en personal, formación y tecnología para prevenir tanto la entrada como la fabricación de armas improvisadas en los centros. Los sindicatos de prisiones recuerdan que la realidad de los centros penitenciarios no puede maquillarse con discursos complacientes: «No se puede gestionar una institución tan sensible desde el desconocimiento o la ideología. Hace falta rigor, recursos y una verdadera voluntad de proteger a quienes están día a día manteniendo el orden en condiciones extremadamente difíciles», subrayan funcionarios de prisiones a LA RAZÓN.

Según los funcionarios de prisiones uno de los problemas que aumenta las agresiones en las cárceles es debido a que la clasificación de los reclusos en grados no está siendo aplicada correctamente. Sin embargo, denuncian que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias evita clasificar a los reclusos en primer grado, promoviendo a muchos internos al segundo grado a pesar de que no están adaptados a este régimen. Esta falta de control ha generado un aumento de los incidentes violentos y una creciente inseguridad dentro de los centros penitenciarios.