García Castellón activa la busca y captura de los cuatro imputados del "caso Tsunami" que le dieron plantón

El magistrado Manuel García Castellón, instructor del "caso Tsunami", ha recabado la opinión de la Fiscalía y del resto de acusaciones personadas en la causa sobre si procede emitir una orden de busca y detención de los cuatro investigados que ayer ignoraron la citación judicial y no comparecieron a declarar en los juzgados de Barcelona, donde solo acudió la dirigente de ERC Marta Molina, quien negó que la plataforma independentista incitara a la violencia durante las protestas contra la sentencia del "procés" en 2019.

En esa resolución, García Castellón se pronuncia también respecto a las declaraciones pendientes de tres de los investigados cuya citación suspendió por problemas de agenda de sus defensas o por problemas de salud. En el caso de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y del empresario Oriol Soler, el magistrado insta a sus defensas a que en 24 horas aclaren si están en condiciones de comparecer la última semana de mayo o la primera de junio. Y en cuanto a Josep Lluís Alay, jefe de gabinete de Carles Puigdemont, difiere su decisión hasta que su defensa informe sobre la evolución de su estado de salud.

Xavier Vendrell, ex secretario de Organización y Finanzas de ERC; el periodista Jesús Rodríguez Sellés; el dirigente de Ómnium Cultural Oleguer Serra; y el empresario Josep Campmajó ignoraron la citación judicial.

García Castellón considera que Tsunami contaba con una organización "estructurada, jerarquizada y con vocación de permanencia, dirigida por varias personas con roles diversos que extendían su ámbito de actuación en parcelas determinadas y con otras personas a su cargo, cuya finalidad esencial era subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente el Estado, y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva".

En la exposición de motivos remitida al Tribunal Supremo para afianzar la imputación de Puigdemont, el magistrado se refería a la utilización de "armas, artefactos y sustancias de similar potencia destructiva" en la toma del aeropuerto del Prat, donde según señalaba se logró perturbar el servicio de la aviación civil internacional y los servicios del aeropuerto, poniendo en peligro la seguridad de esta infraestructura y del tráfico aéreo. Incluso iba más allá al apuntar que esos actos violentos pudieron influir en el fallecimiento de un ciudadano francés víctima de un infarto. Tras insistir en que los altercados pusieron en peligro la integridad de las personas presentes en el aeropuerto, García Castellón concluía que esos hechos se corresponden "sin lugar a duda" con los característicos de una acción terrorista.