Solo una imputada acude a la citación judicial para negar que Tsunami Democrátic incitara a la violencia

Solo una de los investigados por terrorismo por su supuesta relación con Tsunami Democràtic -una de las causas que la ley de amnistía dejará en papel mojado salvo que la Justicia europea diga lo contrario- ha comparecido ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón. La dirigente de ERC Marta Molina ha declarado por videoconferencia desde los juzgados de Barcelona para negar que la plataforma independentista que abanderó en 2019 las protestas callejeras contra la sentencia del "procés" incitase a la violencia en sus convocatorias. Según fuentes jurídicas, a preguntas de su abogada (se ha negado a responder al magistrado y al resto de acusaciones, así como a las demás defensas), Molina ha asegurado en una breve comparecencia que "siempre ha defendido los derechos de una forma pacífica", que "no participó en ningún acto violento" y que "los comunicados de Tsunami Democrátic no incitaban a la violencia".

Al término de la declaración, la abogada de Vox Marta Castro ha asegurado a los medios de comunicación que Molina se ha amparado en su "actividad como activista y pacifista", desligándose de la plataforma independentista, cuyas convocatorias ha dicho que conocía únicamente "por los medios de comunicación".

Molina ha sido la única en atender la citación judicial. García Castellón había suspendido previamente tres de los interrogatorios -el del jefe de gabinete de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, por motivos de salud, y los de Marta Rovira y el empresario Oriol Soler por problemas de agenda de sus abogados-, por lo que solo se mantenían vigentes las citaciones de otros siete investigados. Ninguno de ellos ha comparecido finalmente.

Xavier Vendrell, ex secretario de Organización y Finanzas de ERC; el periodista Jesús Rodríguez Sellés; el informático Jaume Cabani, supuesto responsable de Finanzas de Tsunami; el dirigente de Ómnium Cultural Oleguer Serra; el empresario Josep Campmajó y el banquero italiano Nicola Flavio Giulio Foglia (también vinculado con las finanzas de la plataforma) han dado plantón al instructor.

La comparecencia de este último por videoconferencia era la más complicada a priori, pues en la resolución en la que fijó la fecha de los interrogatorios, el juez pidió a las Fuerzas de Seguridad que intentaran localizarlo y anticipó que, en caso de no tener éxito esas gestiones, se libraría una orden europea de investigación (OEI) a Italia para intentar conocer su paradero a efectos de trasladarle la citación judicial.

Puigdemont, investigado en el Supremo

La defensa de otros dos investigados, Campmajó y Serra, también había solicitado suspender sus comparecencias por los mismos motivos de agenda por los que el letrado pidió la misma medida respecto a otro de sus defendidos, Oriol Soler.

Paralelamente a esta causa en la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo también investiga por estos mismos hechos desde el pasado febrero a Carles Puigdemont y Ruben Wagensberg, a quien la instructora del procedimiento, la magistrada Susana Polo, ofreció declarar de forma voluntaria (por su condición de aforados debería solicitar el suplicatorio al Parlamento Europeo y el Parlament, respectivamente, para poder citar a ambos) entre el 17 y el 21 de junio.

La Sala Penal vio indicios de que el expresidente de la Generalitat era el líder "absoluto" de Tsunami Democràtic, protagonista de los graves altercados en diversas protestas contra la sentencia del "procés" en el otoño de 2019, entre ellas el asalto al aeropuerto del Prat, el bloqueo de la AP-7 en La Junquera o la "huelga general" convocada en Cataluña el 18 de octubre. Una sucesión de "actos violentos" con los que, según el Supremo, se intentó "combatir" las condenas a los líderes independentistas y evitar su cumplimiento.

Altercados en el aeropuerto del Prat

García Castellón considera que Tsunami contaba con una organización "estructurada, jerarquizada y con vocación de permanencia, dirigida por varias personas con roles diversos que extendían su ámbito de actuación en parcelas determinadas y con otras personas a su cargo, cuya finalidad esencial era subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente el Estado, y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva".

En la exposición de motivos remitida al Tribunal Supremo para afianzar la imputación de Puigdemont, el magistrado se refería a la utilización de "armas, artefactos y sustancias de similar potencia destructiva" en la toma del aeropuerto del Prat, donde según señalaba se logró perturbar el servicio de la aviación civil internacional y los servicios del aeropuerto, poniendo en peligro la seguridad de esta infraestructura y del tráfico aéreo. Incluso iba más allá al apuntar que esos actos violentos pudieron influir en el fallecimiento de un ciudadano francés víctima de un infarto. Tras insistir en que los altercados pusieron en peligro la integridad de las personas presentes en el aeropuerto, García Castellón concluía que esos hechos se corresponden "sin lugar a duda" con los característicos de una acción terrorista.