La celebración mañana del Consejo Fiscal –órgano consultivo del fiscal general– vendrá marcada por el nombramiento del titular de la nueva Fiscalía de Delitos contra la Administración Pública. Será quien, por ejemplo, tenga que fijar el criterio del Ministerio Público por el delito de revelación de secretos, por el que precisamente está imputado en el Tribunal Supremo Álvaro García Ortiz –por la filtración de datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso, el empresario Alberto González Amador, investigado por fraude fiscal–.

El nombramiento viene envuelto en la polémica por la oposición frontal al cargo de la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera, que considera que puede interferir la labor de la Fiscalía Anticorrupción, además de cuestionar que sea el propio García Ortiz quien proponga al candidato para el cargo mientras está siendo investigado precisamente por uno delito contra la Administración Pública. Algo que llegó a calificar el pasado marzo en un comunicado de «burla intolerable» para la institución y la sociedad, teniendo en cuenta que "es pública la investigación de diversos procedimientos que afectan al entorno del propio Gobierno", y de «sarcasmo». Esa oposición a la creación de la plaza puede llevar incluso a los siete vocales de la AF en el Consejo Fiscal a protagonizar un plante y negarse a votar.

Sánchez Ulled, favorito

Según las fuentes consultadas, a la plaza se han presentado seis candidatos (ninguno de ellos de la AF), pero el favorito en las quinielas es Emilio Sánchez Ulled, que fue el fiscal del «caso Palau» y del «caso 9N» (la consulta soberanista en Cataluña en 2014, antesala del referéndum ilegal del 1-O tres años después). Sánchez Ulled, exfiscal de Anticorrupción en Barcelona, ha trabajado durante muchos años en Bruselas como consejero de Justicia en la Representación Permanente de España ante la UE.

Otros candidatos que optan al cargo son el fiscal del Tribunal Supremo Álvaro Redondo (que en un informe no apreció indicios de terrorismo en Carles Puigdemont en el «caso Tsunami»); el fiscal del Tribunal de Cuentas Carlos Castresana; la fiscal Anticorrupción Concepción Sabadell; y Virna Alonso, fiscal decana de Delitos Económicos en la Fiscalía Provincial de Madrid. María Eugenia Prendes, fiscal superior de Asturias, es la única candidata a la plaza de fiscal de Sala de Violencia contra la Mujer en sustitución de Teresa Peramato. A la plaza de fiscal coordinador de delitos económicos optan, junto a otros tres candidatos, Fernando Rodríguez Rey y Luis Rodríguez Sol.

Por último, en cuando a la plaza de fiscal de Sala de Seguridad Vial concurren al proceso de selección Agustín Hidalgo, que ya fue adjunto del fiscal de Sala de Seguridad Vial, y Luis Carlos Rodríguez, delegado en Andalucía de la Fiscalía de Seguridad Vial.

"No responde a una necesidad real"

La presidenta de la AF, Cristina Dexeus, ya expresó en el referido comunicado la oposición de su asociación a la creación de la plaza de fiscal de Sala de Delitos contra la Administración Pública, que calificó de "burla intolerable" en un momento en que "el propio fiscal general del Estado está investigado por el delito de revelación de secretos, que es uno de los delitos contra la Administración Pública".

"Resulta paradójico que quien deba coordinar y unificar criterios de actuación del Ministerio Fiscal en materias como por ejemplo el delito de revelación de secretos sea propuesto por el fiscal general investigado por ese tipo de delito", alertó la agrupación mayoritaria de la carrera, para quien "en la actual situación jurídico procesal" del fiscal general del Estado "resulta sencillamente inconcebible que se vaya a cubrir esta plaza en este momento". Una plaza, ponía de relieve, que además "no responde a una necesidad real" y "va a colisionar con las competencias de otros órganos de la Fiscalía".

La AF se preguntaba si un investigado "puede decidir quién va a ser la persona que va a fijar criterios sobre el delito por el que se le investiga". "Nos negamos a creer que el fiscal general del Estado no sea consciente de esta paradójica situación, que roza el sarcasmo, cuando no el escarnio a la propia carrera fiscal y a la sociedad a la que nos debemos", señaló en esa nota, en la que apremió a García Ortiz a no continuar en el cargo "ni un minuto más".