García Ortiz se queja al Supremo de "errores sustanciales" en la transcripción de la declaración del decano del ICAM

El fiscal general del Estado se ha quejado al Tribunal Supremo (TS) de la existencia de "múltiples deficiencias" en la transcripción de la declaración como testigo de Eugenio Ribón, decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), del pasado 21 de febrero, que según pone de manifiesto "afectan gravemente" a su contenido y vulneran su derecho de defensa.

En un escrito remitido al magistrado Ángel Hurtado, que le investiga por revelación de secretos por la divulgación de datos reservados del empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, la Abogacía del Estado -que defiende al fiscal general en este procedimiento- apremia al instructor a subsanar esos "errores sustanciales", que achaca a la utilización por parte del Tribunal Supremo de "un sistema informático de transcripción automática sin revisión o depuración posterior", lo que en su opinión impide "una correcta interpretación de la declaración del testigo".

Pero para Manos Limpias, que ejerce la acusación popular, este nuevo recurso del fiscal general es solo un intento más de "obstaculizar" la investigación que raya "en la mala fe procesal", según pone de manifiesto en sus alegaciones el abogado del colectivo de funcionarios, Víctor Soriano.

Sin embargo, para García Ortiz la "irregular transcripción" de la declaración como testigo de Ribón es "notoria y palmaria" y "no refleja de forma precisa y completa el contenido de la declaración del testigo, equivocando el contenido de numerosas palabras".

"No distingue ni separa adecuadamente las intervenciones de cada interviniente -se queja-, omitiendo cuando procede la identificación del testigo y de la parte interviniente o, por ejemplo, las interrupciones del magistrado instructor o de las partes".

Esas deficiencias, denuncia, "vulneran nuestro derecho de defensa" en la medida en que entiende que "dificultan el análisis y valoración del testimonio del testigo al no reflejar con exactitud su contenido". Al mismo tiempo, añade la Abogacía del Estado, "impiden una correcta preparación de la estrategia procesal, ya que la inexactitud de la

transcripción puede dar lugar a interpretaciones erróneas o incompletas de la declaración".

Esa supuesta indefensión se traduce, subraya, en que las partes "no pueden verificar ni contradecir con certeza el contenido de la declaración, al no disponer de un documento que recoja fielmente lo manifestado por el testigo en sede judicial". De ahí que vea necesario subsanar esos errores "garantizando su fidelidad con la grabación original e

identificando correctamente a los intervinientes".

Pero para Manos Limpias, que ya se ha opuesto a esa pretensión, García Ortiz "está desplegando toda clase de artificios procesales infructuosos para obstaculizar el buen devenir del proceso".

Un comportamiento que identifica también con la "permanente confusión de las declaraciones de instrucción con vistas en las que se formulan por las defensas alegatos más propios del trámite de cuestiones previas del juicio oral", así como con "las innumerables -y de dudosa pertinencia desde el prisma del derecho procesal- protestas formuladas oralmente advirtiendo de la interposición de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional". "No cabe duda de que este recurso es uno más de esos artificios", recalca.

La transcripción de la declaración, argumenta, "tiene una finalidad puramente práctica

de evitar a las partes el visionado del video". "Que, contenga o no errores que en su caso podrán ser subsanados", precisa, "no es una resolución susceptible de ser recurrida". "Tampoco le es exigible al tribunal -añade- que provea a las partes de transcripción de las declaraciones que se encuentran accesibles en su soporte original que es el acta de vídeo".

En su declaración, el decano del ICAM -que también ejerce la acusación en esta causa- explicó que el 15 de marzo del pasado año -tras publicar la Fiscalía una nota desvelando las negociaciones con la defensa de González Amador para intentar a llegar a un acuerdo de conformidad- se reunión con García Ortiz y con Pilar Rodríguez, fiscal jefe provincial de Madrid-, una cita a la que fue también convocada Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española.

En ese encuentro, celebrado en la sede de la Fiscalía General del Estado, García Ortiz puso el acento -según el testimonio de Ribón- en "el reproche hacia las filtraciones de medios de comunicación" y defendió la necesidad de publicar la nota para desmentir la información que se había publicado indicando que la Fiscalía había ofrecido un pacto a la defensa del novio de Ayuso (y no a la inversa) y que él lo había frenado. Ribón le dejó claro, según explicó, que para el ICAM lo relevante era que no se había preservado "la custodia del secreto profesional y la confidencialidad de las comunicaciones" entre la defensa y el fiscal.

En esa cita, el fiscal general planteó a Ribón y Ortega que suscribieran un comunicado conjunto rechazando cualquier injerencia en el derecho de defensa con la difusión de esa información sobre el novio de Ayuso, lo que según el decano del ICAM generó "una situación de tensión" y "un tanto incómoda", dado que en la sala había otros cuatro fiscales (entre ellos el teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe).

Además, según Ribón, el fiscal general reprochó a la Abogacía "que cuestionara la publicación de la nota de prensa".

Pero el decano del ICAM y Victoria Ortega trasladaron al fiscal general que no estaban dispuestos a firmar ese tipo de documento, por lo que la reunión terminó "de modo un tanto abrupto" y se dio finalizada tras su negativa, secundada también por la presidenta del CGAE "en poco más o menos de un minuto" por parte de García Ortiz.