Todo se ha enmarañado. Gobierno y PP parecían haber retomado la senda –poco transitada– del diálogo, a cuenta de la respuesta a la invectiva arancelaria de Donald Trump, cuando Junts irrumpió en escena para reclamar su habitual cuota de protagonismo. Los postconvergentes calculan que las empresas catalanas tendrán acceso al 25% de los 5.000 millones de euros previstos en avales ICO y esta previsión, revestida de nueva cesión a sus socios, ha puesto a Génova en alerta. Los populares han ido pivotando entre la mano tendida y el distanciamiento en las últimas horas. Una dualidad en sus posiciones que en Moncloa perciben como «pura estrategia».

Fuentes gubernamentales consultadas por LA RAZÓN ven al principal partido de la oposición «sobreactuando» ante un titular, porque recuerdan que el ministro Carlos Cuerpo mantuvo contactos con su interlocutor popular, Juan Bravo, para dar las explicaciones. En el Gobierno creen que «PP y Junts se retroalimentan» para poder engordar sus discursos y sus estrategias. «Nosotros les dejamos hacer», apuntan, con cierta resignación. Las citadas fuentes mantienen su convencimiento de que «el decreto no peligra». Creen que los populares se debaten entre el «sí» y la «abstención» y que los giros retóricos que están dando obedecen a un «cálculo político». «No político de altura, sino electoral», apuntillan, a modo de crítica.

Dificultades del PP para explicar su voto con Junts

En Moncloa entienden que Génova tiene «dificultades para explicar a su electorado que están en el mismo bloque que Junts –que ya ha garantizado su apoyo al decreto– y a favor del Gobierno». Añaden que cuando el PP está en el «No», no le pasan factura los compañeros de viaje, si vota junto a Junts o Bildu, pero que cuando supone avalar una iniciativa del Ejecutivo, el coste es doble si concurren con el independentismo catalán. «Tienen a Vox presionando».

En el Ejecutivo creen que Feijóo «no ha decidido cómo va a explicar» su apoyo, pero mantienen la confianza en que no se oponga. «Es un aprendizaje. Han comprendido que, cada vez que hay una crisis, no pueden estar a la contra», dicen. No obstante, en Moncloa recuerdan que esto se debe a que aritméticamente no son decisivos, si lo fueran, creen que el PP no tendría reparos en dejar caer el decreto para infligir una nueva derrota al Gobierno.

El PP desconocía los cambios del decreto

Si la votación hubiese sido ayer, los populares habrían pulsado el botón rojo. Una decisión precedida del enfado que escenificó la dirección del partido y el propio vicesecretario de Economía, Juan Bravo. El interlocutor con el ministro de Economía primero elogió y luego dijo sentirse «engañado» al «desayunarse un BOE distinto» al que recibió en su despacho el lunes a medianoche.

Un texto al que Génova da el «ok», a pesar de considerarlo «insuficiente». En el Pleno del Congreso, Bravo reprochó a Economía que modificara el decreto al incluir en la disposición adicional segunda el año de referencia de 2024, con lo que, según los populares, lo orienta a favor de Cataluña en el cálculo y en el reparto de ayudas (los 3.000 millones). También afean al Ejecutivo el cambio en la disposición adicional tercera, en la que desaparece la prohibición de la «discrecionalidad» por la palabra «arbitrariedad» en cuanto a los criterios para la ejecución de fondos. Una vez que Bravo detectó estos cambios, explican que decidió cambiar su intervención y endurecer su tono contra el ministro Cuerpo. Fuentes del entorno del diputado del PP relatan a este diario su enfado, sobre todo después de haber tratado de salvar la negociación con Economía hasta el último minuto y encontrarse en el texto el «engaño» –Bravo recibió presiones de su partido por ser «blando» y haber confiado en el Gobierno.

El PP censura que estos cambios son «exigencias» de Junts y, después de haber intentado sin éxito que Cuerpo aclarara si existe un pacto, congelan las negociaciones. Todo está en manos de Feijóo, explican. Ayer, el líder del PP dijo que estaban «más lejos» del acuerdo y, desde Bruselas, denunció también una «negociación encubierta» con Junts y que el decreto es un «parche» en vez de un plan estructural.