A vueltas con el incremento del gasto en Defensa. En Moncloa todavía persiste un profundo malestar con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, por plantear a la opinión pública que España se habría comprometido en privado a alcanzar el 2% del PIB en inversión militar «antes del verano». Estas declaraciones, pronunciadas en Varsovia el miércoles, se produjeron al mismo tiempo que Pedro Sánchez se sometía a cinco horas de debate parlamentario en el Congreso de los Diputados en el que no arrojó una mínima concreción sobre sus planes en Defensa.

De su comparecencia solo salió la intención de impulsar antes de la cumbre de la OTAN de La Haya de junio un Plan Nacional para el Desarrollo e Impulso de la Tecnología y la Industria de la Seguridad y Defensa españolas que «concentrará el grueso de la inversión adicional exigida para cumplir con nuestros socios europeos. Y la canalizará a través de programas de colaboración público-privada para crear un nuevo salto tecnológico e industrial en España».

Desde el Gobierno negaron, tal como publicara ayer este diario, que se hubieran comprometido en estos términos con la OTAN, pero el desafío de Rutte –más dirigido a seguir presionando a los estados incumplidores– sí ha surtido efecto, obligando al Ejecutivo a moverse y plantear cierta concreción sobre el calendario y las cifras que manejan.

Todavía los datos no son definitivos, pero fuentes socialistas avanzan a LA RAZÓN que los compromisos podrían acelerarse en «uno o dos años», esto es, tratar de alcanzar el 2% comprometido en 2027. Este horizonte temporal se compadece, además, con el discurso que hasta ahora ha mantenido Sánchez en público, que ha acusado en varias ocasiones a Mariano Rajoy de imponer un umbral –el del 2% lo fijó su gobierno en 2014– «para que lo cumplieran otros». De este modo, si las previsiones gubernamentales se fijan en 2027, supondría que el presidente aspira a culminar la inversión militar comprometida antes de finalizar su mandato.

También supondría un esfuerzo económico importante, si finalmente es necesario acometerlo en solitario como país. En principio, haciendo los cálculos con las previsiones del PIB para los próximos años, ese 2027 España tendría que destinar a Defensa alrededor de 34.000 millones de euros, lo que se cuantificaría en unos 12.300 millones más que lo que se invierte en la actualidad (21.600 millones en 2024), incluyendo, como se detalla en la información que acompaña a este texto, gastos que tiene en cuenta la OTAN a la hora de elaborar sus estadísticas, como las pensiones, los apoyos a la industria de Defensa o las misiones en el exterior. Es decir, un extra anual de más de 4.100 millones.

Estas previsiones también las verbalizó ayer la secretaria de Economía y Transformación Digital del PSOE, Enma López , que en una entrevista en «Espejo Público» en Antena 3, incidió en la necesidad de fijar un periodo «razonable» y «sostenible» para cumplir los objetivos asumidos en la inversión militar. «En principio por lo que habíamos visto era casi un año menos, lo cual ya es muchísimo. Estábamos hablando de un año, dos años, esto habrá que verlo», afirmó, situando también en 2027 el horizonte para alcanzar ese 2 % en el mejor de los casos. Una fecha que no convence ni a la OTAN ni a Europa, que están pidiendo mayor velocidad de ejecución. Una presión de la que se desembarazan sin rubor los socialistas: «El compromiso es el que es y, además, tienen que entender que tiene que ser algo razonable».

En todo caso, estamos hablando de estimaciones, porque el Gobierno todavía no tiene datos definitivos con los que trabajar. La principal batalla que está librando el Ejecutivo es identificar inversiones relacionadas con otras partidas que puedan ser susceptibles de computar como gasto en Defensa para tratar, así, de elevar, el total ejecutado a 2024. La referencia con la que se juega es el 1,28% del PIB, aunque las citadas fuentes creen que, según sus cálculos podrían estar ya cerca del 1,4 por ciento. Que estas estimaciones se materialicen dependerá de que la OTAN sea permeable a las peticiones del Gobierno de computar esos gastos alternativos en seguridad, ciberseguridad, Inteligencia Artificial o inversión sanitaria, entre otros.

En paralelo, también se pelea en el ámbito europeo, buscando herramientas financieras para evitar tener que hacer el menor «esfuerzo nacional» posible, tales como unas nuevas reglas fiscales, la utilización de fondos estructurales, la movilización de recursos del Banco Europeo de Inversiones (BEI), la creación de créditos y préstamos para compras conjuntas y apalancar inversión privada, además de la pública.