En privado y de espaldas al resto de comunidades, la formación de Carles Puigdemont y el Gobierno de Pedro Sánchez han llegado a un acuerdo para la distribución territorial de menores no acompañados que se encuentran desde hace meses en Canarias. Como suele ser habitual en este tipo de negociaciones, el Ejecutivo le ha permitido a Junts capitalizar políticamente el pacto, del que informaron a través de un comunicado en el que adelantan que se materializará en un "decreto ley temporal" que se aprobará hoy en el Consejo de Ministros.

Tanto es así, que tras este anuncio, el Ejecutivo salía al paso para confirmar que este martes se aprobará la reforma de la Ley de Extranjería para el reparto de menores. Los cambios en la norma decayeron el pasado verano en el Congreso con los votos de PP, Vox y Junts y el Ejecutivo optó por aislar al principal partido de la oposición en la renegociación de la reforma, pese a que gobierna el grueso de comunidades autónomas, para priorizar el apoyo de los de Puigdemont.

El acuerdo estaba vinculado a la delegación de las competencias en inmigración y fuentes gubernamentales ya avanzaron entonces que el acuerdo relativo a los menores sería inminente. El Gobierno ha introducido este asunto en el orden del día del Consejo de Ministros a última hora. Un movimiento político que busca confrontar con el acuerdo alcanzado ayer por Carlos Mazón con Vox, que asume los postulados de criminalización de la inmigración de la extrema derecha, y solo al tener garantizado que Junts avalaría con sus votos la reforma en el Congreso.

Órdago a Isabel Díaz Ayuso

Un reparto desigual, al que se ha llegado sin contar con el resto de comunidades, y que se traduce en un nuevo ataque a Madrid y su presidenta Isabel Díaz Ayuso. Porque, tal y como justifican desde Junts, el reparto se realizará entre aquellas comunidades autónomas que "hasta ahora no han acogido o han hecho un esfuerzo mucho menor en comparación con el esfuerzo que ha realizado Cataluña". ¿Y en qué se traduce este argumento? Pues, en la práctica, que del total de menores a distribuir por toda la península (en torno a 4.000), Cataluña recibirá entre 20 y 30, mientras Madrid tendrá que acoger a más de 700.

Un agravio comparativo, con el beneplácito de Sánchez, que responde a "criterios justos y equitativos", según la formación independentista. Así, insisten en que, si bien el "peso poblacional" será uno de los criterios a tener en cuenta, también lo será "el esfuerzo realizado por Cataluña a lo largo de los últimos años". La reforma prevé que en los momentos en los que algunas comunidades estén muy tensionadas, puedan activarse mecanismos de traslado a otras regiones más aliviadas, con la consiguiente compensación económica por parte de Hacienda.

En este sentido, el acuerdo también incluye que aquellas comunidades que han estado por encima de la media de plazas estructurales que deben tener, "como es el caso de Cataluña", reciban una "compensación económica adecuada". Solo así, reiteran, "se garantizará un sistema de reparto equitativo y sostenible" en aras de resolver esta crisis humanitaria y favorecer la integración de estos menores no acompañados.

De forma coordinada y apenas unos minutos después de que la formación que lidera Carles Puigdemont hiciese oficial este acuerdo, el Ejecutivo pasaba a la acción y anunciaba que el Consejo de Ministros aprobará este martes por decreto la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Y es que el pacto rubricado con Junts le otorga al Gobierno una mayoría parlamentaria, con la que antes no contaba, para convalidar esa reforma.