Soledad
Sánchez se desangra por el pacto en inmigración con Junts
La última cesión a Puigdemont abre fisuras en el PSOE y con los socios de coalición
Pedro Sánchez cada vez está más solo en su vocación de "hacer de la necesidad virtud". Esta manera de desenvolverse para mantener el poder a toda costa, para ganar tiempo en el Gobierno, va perdiendo adhesiones. Ya no son solo los socios del Ejecutivo los que están planteando sus reparos ante el contenido de un acuerdo con Junts que considerar de corte racista y xenófobo, sino que también en el propio PSOE existe una profunda incomodidad, que se aprecia en privado y que solo Emiliano García-Page se ha atrevido a verbalizar en público.
En el propio seno del Gobierno existe incomodidad por los términos de un pacto al que se han resistido durante meses y que avanza en una delegación de competencias que se aseguró que no era posible prácticamente hasta la previa. "El PSOE ha comprado el marco de que la inmigración es un problema y eso es muy peligroso", analiza un dirigente socialista que entiende que el acuerdo, aunque no llegue a cristalizar, por falta de apoyos en el Congreso, abre una vía de agua al discurso y los valores socialistas.
Esa viabilidad parlamentaria está también en entredicho. Algo que no acaba de preocupar al Gobierno, si no que casi se percibe como motivo de alivio. "Nosotros ya hemos cumplido", dicen, para que Junts no les pueda reclamar nada si no llegara a aprobarse. El problema es que el crédito político que mantienen los socios es el que se deja Sánchez. A las resistencias de Podemos, que ya desde un primer momento avanzó su rechazo al texto, poniendo condiciones a su aprobación, se van adhiriendo las de otros aliados, incluso dentro de La Moncloa.
Sumar se borra
En Sumar hay un malestar creciente y el diputado de Compromís Alberto Ibáñez, integrado en ese grupo parlamentario, tiene claro que votará en contra porque, en su opinión, pretende desplazar la agenda política hacia "marcos racistas". Con ese argumento también anunció su voto en contra Podemos -con cuatro diputados en el grupo mixto-, con lo que el texto, que como ley orgánica precisa de mayoría absoluta en el pleno del Congreso, no cuenta en estos momentos con apoyos suficiente para superar la primera votación.
"En un marco de auge de extrema derecha en Europa, fijar el debate en la seguridad de las fronteras o en la expulsión de personas inmigrantes no me parece progresista (...) Lo que pretende el acuerdo de Junts y el PSOE es desplazar la agenda política hacia marcos racistas y reaccionarios", ha dicho el diputado.
La otra diputada de Compromís y portavoz de este partido dentro del grupo parlamentario Sumar, Àgueda Micó, no ha aclarado su voto, pero ha señalado que comparte "plenamente" la postura de su compañero y que votarán lo mismo, siempre después de un debate interno en su formación y en función de lo que decida la dirección nacional.
La incomodidad en Sumar con el texto registrado en el Congreso es cada vez mas evidente, no por la delegación de competencias, que ven bien la mayoría de partidos, sino por el espíritu de la norma reflejado en la exposición de motivos. La secretaria de Comunicación de Sumar, Elizabeth Duval, evidenció también este miércoles su malestar con el marco en el que está redactada la proposición de ley, planteando la realidad migratoria como una "amenaza", asumiendo argumentos ultraderechistas de Alianza catalana.
También Más Madrid y la Chunta tienen reticencias, mientras que fuentes de IU avisan de que la iniciativa deberá ser negociada y modificada, sobre todo la exposición de motivos, si PSOE y Junts quieren apoyos para su aprobación.