El Gobierno tendrá que explicar al Supremo si se ha hecho cargo de los menores que esperan asilo en Canarias

El Gobierno de Pedro Sánchez tendrá que detallar al Tribunal Supremo (TS) el próximo día 29 en una vista pública qué medidas ha adoptado para hacerse cargo del millar de menores extranjeros en espera de asilo en Canarias. El pasado 25 de marzo, la Sala de lo Contencioso ordenó al Ejecutivo que de forma cautelar -hasta que se resuelva el contencioso planteado por Canarias- garantizase el acceso de estos menores al Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional, para lo que le dio un plazo improrrogable de diez días. Ahora, el Supremo quiere cerciorarse de que el Gobierno ha hecho los deberes.

Para ello, según ha acordado la Sala, tendrá que precisar en esa vista pública el grado de cumplimiento de esa medida cautelar respecto a los menores extranjeros no acompañados que hayan solicitado protección internacional o manifestado su voluntad de solicitarla, y que estaban a cargo de los servicios de protección de menores de la comunidad autónoma de Canarias. Y es que el Supremo se malicia, a raíz de la respuesta la Administración del Estado, que "no se ha dado cumplimiento en sus propios términos" a ese requerimiento.

En esa comparecencia, a la que también están convocados los representantes de la comunidad insular, la Administración del Estado deberá facilitar una relación detallada de los menores que han sido ya evaluados individualmente en el ámbito del Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional y de los que estén pendientes de evaluación. Asimismo, en cuanto a los que ya han recibido la atención solicitada, el Supremo quiere conocer el recurso de acogida asignado a cada uno.

En el caso de que el sistema de acogida actual no tuviera recursos suficientes para el ejercicio de dicha competencia estatal, la Sala solicita a la Administración estatal que detalle qué iniciativas concretas se han adoptado para obtenerlos "por cualquiera de las fórmulas reglamentariamente previstas", así como el plazo para obtención de esos recursos.

El Gobierno deberá indicar igualmente al Supremo las unidades administrativas responsables de llevar a cabo estas actuaciones, los "acuerdos o protocolos" concertados con la Comunidad Autónoma de Canarias y el "calendario detallado establecido para su ejecución".

En la resolución en la que impuso esta medida cautelar, el Supremo supeditó la celebración de la vista pública para evaluar el cumplimiento de la medida cautelar al análisis recibida sobre ese requerimiento judicial.

El Ejecutivo señaló al Gobierno canario

Actualmente se encuentran en esta situación más de 1.200 menores no acompañados. Solo entre enero de 2023 y noviembre de 2024, según ACNUR, 546 presentaron una solicitud de protección internacional. Otros 350 están a la espera de ser atendidos 325 ya la han pedido y están citados para presentarla.

El Supremo acordó la medida cautelar reclamada por el Gobierno de Fernando Clavijo en contra de la Abogacía del Estado, que negó que la situación se deba a una inactividad del Gobierno, descargando en la Administración insular la competencia "en materia de acogida de menores migrantes".

Pero desde Canarias se quejaron de que la "clara falta de ejercicio de la competencia estatal exclusiva" en materia de asilo les obliga a asumir "indebidamente" el sistema de acogida de protección internacional, perjudicando no solo a los menores afectados sino también a los presupuestos de la comunidad autónoma. El Ejecutivo insultar denunciaba lo que considera un "abandono" de Canarias "por falta de cumplimiento de la obligación estatal de garantizar la solidaridad territorial efectiva".

Sin la intervención del Estado, puso de relieve, "se colapsa el sistema de protección de menores de Canarias con la consiguiente devaluación de la atención que a estos menores migrantes solicitantes de asilo presta el sistema autonómico y en detrimento, asimismo, de la atención que ha de prestarse a los restantes menores no acompañados que se encuentran en Canarias". Perpetuar esta situación, advertía el Gobierno insular, "perjudica la salud mental de los menores y los revictimiza".

Aunque la Sala no se ha pronunciado sobre el conflicto migratorio entre ambas administraciones, en esa resolución hizo referencia a la existencia de "una clara concurrencia competencial de ambas administraciones, estatal y autonómica, sobre estos menores no acompañados solicitantes de protección internacional". Y aunque como menores "en evidente situación de desamparo" su estatuto de protección a cargo de la comunidad autónoma "no puede ser obviado" -argumentó- , "cuando a su condición de menor se añade la circunstancia de haber presentado una solicitud de asilo, sobre dicho estatuto debe necesariamente converger el que a esta solicitud atribuye la legislación de asilo, que está a cargo del Estado", tal y como estipula el artículo 149 de la Constitución.

El alto tribunal acordó la medida cautelar al constatar que no se ha puesto a disposición de esos menores "los recursos, programas y mecanismos propios de este sistema de acogida para los solicitantes de asilo a cargo de la Administración del Estado, sistema al que estos menores tienen pleno derecho, y cuya implantación efectiva se revela, además, imprescindible".