El Comité Europeo de Derechos Sociales se ha pronunciado a favor de los derechos sindicales y de la negociación colectiva para el personal militar en Portugal. Así, considera que las restricciones impuestas por la legislación portuguesa al derecho de las asociaciones militares a ejercer prerrogativas sindicales y al derecho de los integrantes de las Fuerzas Armadas a negociar colectivamente, infringen dos artículos de la Carta Social Europea Revisada.

Esta decisión supone un precedente "crucial", según informan desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME). "Es un importante avance en la lucha por el reconocimiento del derecho de sindicación y la negociación colectiva para los miembros de la Guardia Civil y de las Fuerzas Armadas", añaden a través de un comunicado conjunto.

Y es que hay que recordar que ambas asociaciones, junto con la organización de ámbito europeo, EUROMIL, han presentado la misma reclamación ante el Comité Europeo de Derechos Sociales. "Este pronunciamiento europeo debe producir un cambio de paradigma para situar a los militares y a los guardias civiles en un marco legal que garantice sus derechos laborales plenos y haga efectivo el diálogo social", denuncian desde AUGC y AUME.

Un "hito histórico" para militares y guardias civiles en España

Por todo ello, consideran que la decisión adoptada sobre Portugal, a la que se requiere que adopte medidas más estrictas para garantizar el cumplimiento de la Carta, es un paso adelante en su reclamación y puede suponer un "hito histórico"para los profesionales de la Guardia Civil y de las Fuerzas Armadas, al estar más cerca que nunca de alcanzar el derecho de sindicación y negociación colectiva.

Pero, ¿por qué es tan importante la Carta Social Europea? Pues bien, porque es el tratado del Consejo de Europa que garantiza los derechos sociales y económicos como contrapartida al Convenio Europeo de Derechos Humanos, que se refiere a los derechos civiles y políticos. Firmada en Turín en 1961, se complementó con una versión revisada en 1996 y garantiza una amplia gama de derechos humanos cotidianos relacionados con el empleo, la vivienda, la salud, la educación, la protección social y el bienestar.