Guardias civiles alertan de la situación de las Islas Baleares en Semana Santa: "Un paraíso para delincuentes"

"Un paraíso para los delincuentes". La asociación de Jucil ha alertado que las Islas Baleares van a tener por delante un periodo de Semana Santa complicado por la escasez de efectivos de la Guardia Civil. Un problema que cada vez se agrava más y afecta principalmente al área de la Seguridad Ciudadana, ya que son los encargados de vigilar los municipios que incrementan su población con las vacaciones.

Jucil alza la voz para reclamar una política de mejoras en las condiciones de los agentes allí destinados. La oferta de las Islas Baleares es sin duda una de las más atractivas de España con un "modelo de éxito" que podría no prolongarse en el tiempo "debido a la falta de efectivos policiales, que se incrementa año tras año, y que pone en riesgo la seguridad ciudadana".

La asociación critican que el plus de insularidad que perciben los guardias civiles allí destinados se encuentra congelado desde hace 20 años. Hay que remontarse al periodo 2006-2007 cuando se empezó a pagar esta gratificación a los efectivos de las Islas Canarias con fondos de la Unión Europea, lo que permitió destinar una partida mayor de los Presupuestos Generales del Estado a Baleares.

Otro de los factores importantes es el elevado coste de vida en las islas. El acceso a la vivienda es "prácticamente imposible para los guardias y sus familias". De hecho, la gran mayoría de los agentes son destinados a las islas mediterráneas de "manera forzosa". "Una pequeña parte acepta voluntariamente su traslado temporal en comisión de servicio pues, de esta forma, sus ingresos son muy superiores a los que percibirían por el traslado ordinario", añaden.

Faltan mandos de la Guardia Civil

Ante esta situación, los efectivos de la Guardia Civil que están en Baleares tienen una "altísima carga laboral" y suelen pedir su regreso a la Península ante la "mínima oportunidad". El Instituto Armado cuenta con competencias como la seguridad en vías de comunicación y fronteras, incluyendo puertos, aeropuertos y carreteras; la vigilancia costera, el control del tráfico y la seguridad vial, vigilar y proteger edificios e instalaciones públicas, entre otras.

El problema afecta a todo el archipiélago, donde algunos de los puestos principales carecen de oficiales y suboficiales suficientes. Un caso especialmente preocupante es el del aeropuerto de Son Sant Joan, el más transitado de España durante el verano y al que la Dirección General de la Guardia Civil (DGGC) "no envía personal de las escalas intermedia y superior".

En verano, esta carencia se intenta suplir con refuerzos puntuales como, por ejemplo, las dos unidades de los GRS (Grupos de Reserva y Seguridad) que se envían a las zonas de Calviá y San Antonio, o efectivos que se incorporan temporalmente a determinadas especialidades como tráfico, guías caninos o policía judicial.

25 guardias civiles en Formentera

A pesar de estos refuerzos, Baleares no consigue romper la tendencia al alza de sus índices de criminalidad. En 2024, la criminalidad aumentó un 2,4%, con más de 80.300 delitos registrados -llegando a posicionar municipios otrora tranquilos como Santa Eulalia en la cuarta localidad española con más delincuencia-, mientras que la media nacional descendió un 0,3%.

Otro caso preocupante es el de Formentera, que cuenta únicamente con 25 guardias civiles, los únicos agentes que pueden ejercer la actividad policial junto con la policía municipal. La realidad ha demostrado que esta cifra debería ser el doble, máxime cuando, a lo largo de 2024, se vieron obligados a gestionar en solitario la mitad de los casi 6.000 inmigrantes ilegales llegados en patera a las costas de Baleares.

Pero lo realmente preocupante para Jucil es que esta Semana Santa, una fecha en la que la población se multiplica considerablemente al contar las islas con el 92 % de las plazas hoteleras ya cubiertas, la Benemérita tendrá que afrontar otro año sin los refuerzos externos, que únicamente se envían en los meses de verano, y teme que la seguridad ciudadana se vea, una vez más, amenazada por la falta de profesionales.