La juez de Barcelona que investiga a tres mossos por auxiliar supuestamente a Carles Puigdemont a sortear el pasado agosto -en su fugaz visita a la ciudad condal- la orden de detención del magistrado del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena, tiene sobre la mesa una petición de imputación del expresidente de la Generalitat Pere Aragonés por estos mismos hechos. Hazte Oír, que ejerce la acusación popular en este procedimiento, ha remitido un escrito a la instructora en el que, además de la imputación de Aragonés también solicita que se investigue al exconseller de Interior Joan Ignasi Elena; a Pere Ferrer, ex director general de los Mossos; y a Eduard Sallent, en esas fechas comisario jefe de la Policía autonómica.

A todos ellos, la acusación -que con su denuncia dio origen a la investigación judicial- les atribuye delitos de omisión del deber de perseguir delitos, denegación del cumplimiento de resoluciones judiciales, denegación de auxilio a la Administración de Justicia y encubrimiento.

El abogado de Hazte Oír, Javier María Pérez-Roldán, esgrime la resolución de Llarena del pasado septiembre en la que el instructor de la causa del "procés" puso de relieve que los informes policiales (reclamados a Interior y a los Mossos tras la no detención de Puigdemont) no reflejaban "impedimentos para que el dispositivo policial pudiera abordar la detección del procesado rebelde". El magistrado ya apuntaba entonces que no se podía excluir "la participación de otros responsables no aparentes" en la posible comisión de delitos de encubrimiento y del deber de perseguir delitos al no proceder a detener al líder independentista en ejecución de la orden nacional de detención en vigor contra él.

El TSJ de Cataluña archivó la denuncia en octubre

No es la primera vez que esta asociación reclama la imputación de Aragonés por estos hechos. En octubre del pasado año, ya denunció al expresident, Elena, Ferrer y Sallent por su supuesta participación, "por acción u omisión" en la huida de Puigdemont tras su asistencia al acto independentista celebrado en Barcelona el 9 de agosto del pasado año, con motivo de la celebración del debate de investidura en el Parlament que hizo a Salvador Illa presidente de la Generalitat. Esas diligencias, que fueron tramitadas por el Juzgado de Instrucción número 19 de Barcelona y que terminaron archivadas, han terminado incorporadas al procedimiento que ahora instruye la juez María Antonia Coscollola.

La acusación reitera los argumentos expuestos en su día para la imputación de Aragonés y la excúpula de los Mossos, cuando denunció que pese a "ser notorio el lugar y hora en el que el fugitivo escenificaría su triunfal retorno", no se procedió a su "inmediata detención" por parte de los Mossos. "Puigdemont anuncia su regreso a España y Junts anuncia el recibimiento institucional al propio Puigdemont indicando el lugar exacto y la hora exacta en la que se iba proceder", recordaba.

Para Hazte Oír "no queda ningún atisbo de duda" de que "todos los denunciados tenían constancia plena del lugar, día y hora en el que retornaría el fugitivo" y a pesar de disponer de "toda la información necesaria" para poder detenerlo, "detención obligada para las autoridades y Fuerzas de Seguridad a tenor de la orden de detención activa contra él", esa detención "no se llevó a cabo en el señalado acto".

"La gravedad de la omisión de los agentes es manifiesta", se quejaba la asociación. "Sabiendo dónde iba a estar, cuándo y, sobre todo, habiéndose realizado el acto de manera que podía verse a Puigdemont de manera clara y nítida se ha optado consciente y deliberadamente por no detenerle".

Era el "mando supremo" de los Mossos

Hazte Oír considera a Aragonès responsable como "mando supremo" de los Mossos que era en esas fechas (presidente de la Generalitat en funciones). "Teniendo en cuenta su orientación política independentista, cabe racionalmente inferir la existencia de interés personal por su parte en evitar la detención de Puigdemont", apuntaba.

Respecto a los otros Elena y a los dos exresponsables de los Mossos, les atribuye un "rol esencial" en el despliegue policial que obvió la detención del líder de Junts. "Dadas sus responsabilidades, las actuaciones omisivas previamente reseñadas no pueden entenderse sin sus órdenes ni sin su intervención".

La denuncia inicial de la asociación terminó asumiéndola el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que finalmente solo se pronunció respecto al exconseller de Interior dada su condición de aforado como diputado del Parlament (Aragonès ya no lo era tras dejar la presidencia de la Generalitat y renunciar a su acta tras las elecciones catalanas).

El la Sala Civil y Penal del TSJ catalán archivó la denuncia al concluir que se limitaba a resaltar "el carácter sospechoso del resultado del operativo policial" para detener a Puigdemont, "sobre el que, por demás, salvo constatar que no resultó exitoso ningún pronunciamiento hace esta Sala- y la posición del entonces conseller en el organigrama de Interior".

Tras poner de relieve que el Tribunal Supremo no remitió al TSJ de Cataluña ningún escrito para investigar a Elena, sino que lo hizo a los juzgados ordinarios, la Sala expuso que si de esa investigación resultara "algún elemento o hecho incriminatorio -por ahora inexistente- contra el hoy diputado del Parlament", siempre podrá ser objeto de la oportuna exposición razonada.